Dicha modificación de la Ley 2038-G Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, había sido aprobado el pasado 25 de septiembre por la Cámara de Diputados de esa provincia.
La modificación aprobada establecía la obligatoriedad, por parte de la autoridad de aplicación, de arbitrar las medidas pertinentes para la difusión de los derechos consagrados; tanto al público en general como a los efectores de salud y en particular a aquellos donde se ejecuta la Red Sanitaria Provincial.
Sin embargo, este viernes, y según publicó el Diario Chaco, el gobernador de esa provincia vetó esa modificación de la Ley y a través de una nota dirigida a la Presidente de la Cámara de Diputados, Élida Cuesta, argumentó que dicha decisión se basa en que «la misma hace referencia a la necesidad de difusión de la Guía, sin garantizar el derecho a la ‘objeción de conciencia’, de rango constitucional, de todos y cada uno de los empleados del sistema sanitario provincial».
«En la práctica puede generar que los mismos deban participar en actividades contrarias a su moral, ética, creencia y/o religión, lo cual violentaría su libertad de conciencia y de pensamiento», se agregó en el escrito presentado.
Además, con el veto del Ejecutivo provincial, quedaría sin efecto la obligación del Estado de capacitar con perspectiva de género y derechos humanos a los profesionales y no profesionales de salud, ya que según se consideró en el escrito «no se garantiza el respeto a sus derechos de pensamiento, conciencias y creencias religiosas».
La modificación había sido aprobada el pasado 25 de septiembre y la propuesta fue presentada por el diputado Daniel Trabalón y acompañada por 19 legisladores.
En su momento, el legislador había explicado que se trataba de un proyecto con varios años y que con el mismo buscaba «difundir y capacitar en el marco de una legislación vigente, el Chaco es una de las provincias que tiene por Ley el protocolo de interrupción legal del embarazo, protocolo que surge de un fallo de la CSJN por el caso F.A.L donde la Corte recomienda al gobierno que aplique como política sanitaria, un protocolo para regular la interrupción legal del embarazo (ILE), en los casos que se encuadran en el articulo 86º del Código.
