Un ex funcionario del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusado de «ablandar presos K» en la causa por presunto espionaje ilegal detenidos en la cárcel de Ezeiza, le pidió su sobreseimiento al juez Marcelo Martínez de Giorgi, denunció que el expediente fue «armado» por cuestiones políticas y le preguntó al magistrado si teme «que lo reten desde la Casa Rosada».
Fernando Carra, quien fue asesor de la dirección del SPF y también fue titular de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos, aseguró que «del análisis de los elementos de prueba no surge ningún elemento incriminante para continuar con la acusación».
Carra fue beneficiado con «falta de mérito» por la Cámara Federal porteña en diciembre del año pasado, en el fallo que estableció que las actividades de espionaje ilegal durante el Gobierno de Cambiemos fueron obra de «cuentapropistas» de los servicios de inteligencia.
«Me encuentro en un estado de indefensión absoluto. (…) Nos encontramos frente a una causa política, donde no se investiga la verdad objetiva de los hechos, sino que se utiliza el aparato judicial con esos mismos fines y sin importar en lo más mínimo los perjuicios causados a las víctimas de dicho armado judicial», sostuvo Carra en una ampliación de indagatoria ante el juez.
Para robustecer su postura, Carra insistió con que declaren como testigos en el expediente el presidente, Alberto Fernández; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.
«Qué mejor que ellos para explicar el tipo de conversaciones que mantuvieron conmigo y cuáles fueron los temas tratados en ellas», proclamó el ex funcionario del SPF, quien sostiene que la causa apuntó a evitar que él fuera designado en un cargo jerárquico durante el actual Gobierno.
«Está claro que no hay ninguna intención de citar a quienes podrían categórica y definitivamente sacar todas las dudas, pero la incertidumbre política es tan grande, que nadie quiere dar un paso en falso y después arrepentirse. Todos, como se dice en el barrio cuidan su quinta; en términos más formales su espacio de poder», advirtió en la indagatoria.
En ese contexto, desafió: «Su señoría cuenta con todos los elementos para resolver favorablemente mi sobreseimiento y a casi tres años de investigación me dice que ‘es prematuro’, exponiendo su postura política y no judicial. ¿Qué, lo van a retar de la Casa Rosada?».
«Los jueces deben tomar las decisiones en base al derecho vigente, al análisis objetivo de las pruebas, a su sana crítica y no en base a especulaciones políticas, que no hacen más que alejar a los magistrados de la imparcialidad que deben tener para resolver cuestiones tan sensibles», añadió.
Carra se quejó de las consecuencias que le acarreó la causa a su vida personal: «Fui públicamente denostado en medios televisivos y gráficos como ´el ablandador de presos k´ o ´funcionario acusado de espiar a presos K´, lo que trajo aparejadas consecuencias a mis hijos en el colegio y a la madre de mis hijos en su trabajo».
«En lo que a mí respecta, renuncié a mi cargo en el SPF porque no soy un parásito estatal que se presta a trabajar bajo las ordenes de éstos sinvergüenzas. Privilegio mi moral a un cargo o puesto de trabajo», concluyó.
