El fiscal general Carlos Casas Nóblega solicitó este martes duras penas para los principales referentes del sindicato Luz y Fuerza local, acusados de liderar una asociación ilícita que habría defraudado y blanqueado millones de pesos de los afiliados.
Para el secretario general actual, Jorge Molina Herrera, pidió nueve años y medio de prisión, mientras que para su antecesor, Gabriel Suárez, reclamó 10 años. Ambos se encuentran junto a otros siete imputados en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.
El caso involucra presuntas maniobras de desvío de fondos durante casi una década, mediante cheques librados a empleados del sindicato, proveedores y terceros, que luego habrían regresado a los líderes del gremio y al ex secretario de Finanzas Fernando Navarro, también investigado por lavado de activos.
Entre los bienes comprados con los fondos figuraban propiedades, vehículos y viajes al exterior, operaciones que los fiscales califican como imposibles de justificar con los ingresos legales de los acusados.
Según el fiscal, los imputados contaron con la colaboración de otros funcionarios del sindicato y empleados, que facilitaban el cobro y retorno de los fondos mediante un mecanismo conocido como “pitufeo bancario”, consistente en fraccionar sumas millonarias en pagos más pequeños para no alertar a las autoridades.
Bancos como Nación y de Córdoba habían emitido reportes de operaciones sospechosas sobre estos movimientos.
En su alegato, Casas Nóblega destacó la gravedad de los hechos, el perjuicio a afiliados, jubilados y pensionados, y solicitó además inhabilitación para ejercer cargos sindicales, multas millonarias e inhibición general de bienes para los principales acusados.
Las penas solicitadas para el resto de los imputados oscilan entre uno y cinco años, según su rol en la supuesta defraudación.
La querellante Mabel Sessa, que representa a empleados y jubilados de Epec, enfatizó la dimensión del perjuicio y denunció que la cúpula sindical habría perseguido y hostigado a quienes intentaron denunciar los hechos.
“Hubo una desafiliación masiva por el asqueo. Será casi imposible recuperar la confianza”, aseguró.
El juicio continuará el 28 de este mes con los alegatos finales de las defensas y de los imputados, antes de que el tribunal pase a deliberar y dicte la sentencia definitiva.
