La investigación por el crimen de Nora Dalmasso, uno de los casos más resonantes de la historia judicial cordobesa, vuelve al centro de la escena. Esta vez no por avances en la búsqueda de justicia, sino por el juicio político a los fiscales que intervinieron durante los primeros años de la causa. El proceso, que se desarrolla en la Legislatura de Córdoba, expone con crudeza las fallas de una pesquisa que nunca logró consolidar una verdad judicial.
A lo largo de las audiencias, los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro defendieron su actuación y rechazaron las acusaciones de negligencia. Sin embargo, sus exposiciones terminaron por dejar al descubierto un expediente atravesado por cambios de rumbo, hipótesis superpuestas y decisiones cuestionadas que, con el paso del tiempo, derivaron en la prescripción del caso sin responsables.
Una investigación sin rumbo claro
El primer tramo de la causa, a cargo de Di Santo entre 2006 y 2015, aparece como uno de los puntos más críticos. Durante su gestión, se exploraron múltiples líneas investigativas, desde el entorno íntimo hasta trabajadores y allegados, sin que ninguna lograra consolidarse como eje central. La causa avanzó así entre imputaciones dispares: desde el pintor Gastón Zárate hasta el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, y el empresario Rafael Magnasco.
Esa coexistencia de hipótesis, sin una teoría del caso definida, derivó en una investigación zigzagueante, incapaz de reconstruir de manera consistente el crimen. Aunque el fiscal defendió su labor como “seria y profunda”, su propia exposición evidenció la falta de una estrategia unificada.
Pruebas débiles y acusaciones discutidas
La etapa siguiente, encabezada por Miralles entre 2016 y 2017, tampoco logró encauzar la causa. Su decisión de imputar al viudo, Marcelo Macarrón, como autor material se apoyó principalmente en la presencia de ADN, considerada por él como la “prueba madre”. Sin embargo, ante el Jury no pudo sostener con claridad cómo ese elemento se traducía en una reconstrucción concreta del hecho.
Las dudas se profundizaron al no poder explicar aspectos clave, como la supuesta logística que habría permitido a Macarrón trasladarse desde Uruguay hasta Río Cuarto sin ser detectado. La acusación quedó así apoyada en indicios fragmentarios, sin una base probatoria concluyente.
Una hipótesis incompleta
El último fiscal instructor, Luis Pizarro, llevó el caso a juicio en 2019 con un enfoque diferente: señaló a Macarrón como autor intelectual del crimen. Según su teoría, el homicidio habría sido montado para simular un ataque sexual. No obstante, su planteo también presentó vacíos significativos.
Pizarro no logró identificar al supuesto autor material ni explicar quién habría ejecutado el crimen, cómo fue contratado ni cuál habría sido el móvil preciso. Su hipótesis, aunque distinta, tampoco consiguió cerrar las principales incógnitas del caso.
Testimonios que profundizan las dudas
En la segunda jornada del jury, nuevos testigos aportaron elementos que refuerzan la imagen de una investigación desordenada. Funcionarios judiciales y colaboradores de la causa coincidieron en que las hipótesis fueron múltiples y cambiantes desde el inicio, sin una línea clara de trabajo.
También surgieron cuestionamientos sobre la recolección de pruebas y la cadena de custodia, en un escenario que fue descripto como contaminado desde el primer momento. A esto se sumó la falta de recursos extraordinarios en una causa de alta trascendencia y la intervención poco habitual de la fiscalía general en las primeras etapas.
Un expediente atravesado por inconsistencias
El balance que deja el jury es el de una causa marcada por contradicciones en todas sus etapas. Desde la ausencia de una teoría sólida en los primeros años, pasando por imputaciones sin sustento firme, hasta hipótesis incompletas sobre la autoría, el expediente aparece como una sucesión de decisiones que no lograron construir una verdad judicial consistente.
Mientras el Jurado de Enjuiciamiento evalúa si hubo mal desempeño de los fiscales, lo que podría derivar en sanciones o destituciones, el crimen de Nora Dalmasso continúa impune. A casi veinte años, el caso se consolida como un símbolo de las falencias estructurales del sistema judicial frente a investigaciones complejas.
Más allá de lo que resuelva el tribunal, el proceso ya dejó una conclusión difícil de revertir: la investigación no solo fracasó en identificar a los responsables, sino que también expuso los límites de una pesquisa que nunca logró ordenar sus propias certezas.
Arrancó el jury por el caso Dalmasso: Di Santo negó irregularidades y rechazó las acusaciones
