En un hecho sin precedentes para la justicia de Córdoba, este viernes 10 de abril comenzará la ronda de declaraciones indagatorias a los principales integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras irregulares, manipulación de expedientes y situaciones de hostigamiento laboral.
El proceso estará a cargo del juez federal Alejandro Sánchez Freytes y se iniciará con la comparecencia del secretario Gustavo Flores, quien además enfrenta una imputación por falso testimonio. Según la acusación, habría incurrido en contradicciones y presuntas mentiras bajo juramento durante las primeras etapas de la investigación.
Un cronograma que alcanza a toda la cúpula
La agenda judicial continuará en los próximos días con la citación de otros altos funcionarios del tribunal. El lunes 13 de abril a las 10:00 deberá declarar Mario Olmedo, mientras que el miércoles 15 será el turno de la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi. Finalmente, el viernes 17 cerrará la ronda el vicepresidente del cuerpo, Abel Sánchez Torres.
En cuanto a la defensa, Flores contará con la asistencia del abogado Maximiliano García, mientras que el resto de los imputados será representado por el letrado Carlos Nayi.
Las claves de la investigación
La causa, impulsada por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián, gira en torno a una presunta estructura de irregularidades dentro del tribunal.
Entre los delitos investigados figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. El eje central apunta a una supuesta manipulación en la integración de las salas del tribunal, particularmente las Salas A y B, con el objetivo de favorecer a la empresa Bunge en causas vinculadas a evasión tributaria.
Según la denuncia, se habrían “cajoneado” expedientes provenientes de juzgados federales de Río Cuarto y Villa María, impidiendo que otros magistrados intervinieran conforme a los procedimientos legales.
El origen de la denuncia y el componente de hostigamiento
La investigación se originó a partir de la denuncia de la funcionaria judicial Celina Laje Anaya, quien aseguró haber recibido órdenes irregulares respecto a la conformación de las salas. De acuerdo a su testimonio, tras negarse a cumplir esas directivas, fue objeto de una serie de represalias laborales.
Entre las situaciones denunciadas figuran maltratos sistemáticos, presiones para aceptar una reducción de categoría, y salario, y un contexto de persecución que habría impactado en su salud física y psíquica. Estas acusaciones apuntan especialmente contra el vicepresidente del tribunal, Sánchez Torres.
Una causa bajo secreto y de alto impacto institucional
Dada la jerarquía de los involucrados, el expediente se mantiene bajo secreto de sumario, lo que limita la difusión de detalles sensibles de la investigación. No obstante, el inicio de las indagatorias marca un punto clave en el proceso, ya que permitirá al magistrado evaluar si existen elementos suficientes para avanzar hacia eventuales procesamientos.
El caso no solo pone en el centro de la escena a los máximos referentes de la justicia federal cordobesa, sino que también abre interrogantes sobre el funcionamiento interno del sistema judicial y su impacto en causas de alto perfil.
El desarrollo de estas audiencias será determinante para el futuro institucional de la justicia federal en la provincia y podría derivar en consecuencias de gran alcance tanto en el plano judicial como político.
Imputan a la cúpula de la Cámara Federal de Córdoba por presuntas maniobras ilegales
