La Justicia de Córdoba avanza en la investigación por amenazas a instituciones educativas y ya son ocho los adolescentes imputados por el delito de “amenaza agravada por anonimato”. La causa está a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil de 4° turno, que trabaja sobre más de 100 hechos registrados en la ciudad capital y en distintas localidades del interior.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, además de Córdoba capital hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María, donde se llevan adelante medidas procesales para esclarecer los episodios. En las últimas horas, incluso, se sumaron nuevas amenazas en otros establecimientos educativos de la provincia.
La preocupación no es exclusiva del ámbito local y comienza a replicarse a nivel nacional, con situaciones similares como pintadas en escuelas que alertan sobre supuestos ataques.
En este contexto, la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó distintos procedimientos con el objetivo de determinar el origen de los mensajes y prevenir posibles incidentes. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los hechos podrían estar vinculados a un desafío viral que circula en redes sociales, particularmente en TikTok.
El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, había advertido días atrás que las amenazas presentan patrones similares, como inscripciones en baños escolares que anuncian tiroteos. “Se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok”, señaló el funcionario, en base a informes de especialistas.
Frente a la reiteración de los casos, desde el Gobierno provincial se insiste en la aplicación inmediata de protocolos de actuación institucional. Esto incluye el acompañamiento de equipos de supervisión, profesionales y áreas de seguridad, con el objetivo de contener a las comunidades educativas y actuar ante cada situación.
Ferreyra explicó que, cuando no se logra identificar a los responsables, las autoridades escolares deben realizar la denuncia correspondiente en la unidad judicial para que intervenga la Justicia. En cambio, cuando se trata de estudiantes identificados —en su mayoría menores de edad—, el abordaje se divide: por un lado avanza el proceso legal por fuera de la escuela y, por otro, se trabaja internamente con una perspectiva pedagógica junto a las familias.
En esa línea, el ministro remarcó la necesidad de un involucramiento activo de los adultos responsables. “Las familias tienen que involucrarse de manera activa”, sostuvo, al tiempo que planteó que se trata de una problemática que requiere una respuesta conjunta de toda la sociedad.
Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Educación impulsa espacios de diálogo con padres y madres, denominados “rondas de familias”, donde se abordan temas como el uso de la tecnología, la convivencia y el cuidado en entornos digitales.
Además, se recomienda a la comunidad educativa mantenerse alerta ante este tipo de conductas y comunicarse a las líneas habilitadas —como el 0800-888-1234— para activar la intervención de equipos interdisciplinarios. Según indicaron desde la cartera, estos hechos buscan generar temor y alteran la vida cotidiana de las escuelas, por lo que la detección temprana y la intervención coordinada resultan claves para evitar su escalada.
