En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional difundió el proyecto de Ley de Libertad Educativa que propone no sólo la derogación de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006, sino que también redefine aspectos básicos del sistema, como el rol del Estado, la autonomía institucional y la participación de las familias.
A través de estos cambios, el nuevo paradigma que busca instalar la llamada “libertad educativa” promueve el homeschooling, una modalidad educativa en la que niños, niñas y adolescentes cursarían la educación obligatoria fuera de las escuelas tradicionales. “Educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas”, plantea el capítulo 6 del proyecto respecto a las formas alternativas de enseñanza. De esta forma, la iniciativa, elaborada por el Ministerio de Capital Humano junto con la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, contempla por primera vez una disrupción en la educación tradicional: sin aulas, compañeros o socialización entre pares.
A diferencia de iniciativas anteriores, como la incluida en la frustrada Ley Ómnibus, el nuevo borrador no fija una edad mínima para acceder a esta modalidad. De este modo, se habilitaría la posibilidad de que la escolaridad obligatoria se cumpla íntegramente en el hogar. El documento también incorpora otras modalidades no presenciales, como la educación híbrida y a distancia, aunque deja sin precisar los mecanismos concretos de acreditación de saberes. Entre las alternativas en evaluación se mencionan exámenes periódicos o la adscripción de los estudiantes a instituciones educativas reconocidas oficialmente.
La propuesta va en articulación con uno de los principios centrales del proyecto, que define a las familias como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”. En esa línea, el sistema educativo nacional deja de concebirse exclusivamente como una red de instituciones estatales y privadas bajo regulación estatal, para ser redefinido como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”.
Este giro conceptual implica un corrimiento significativo respecto de la tradición educativa argentina, históricamente entendida como un derecho social que debía ser garantizado por el Estado y como una herramienta central para la construcción de ciudadanía y la igualdad de oportunidades.
En este escenario, Hoy Día Córdoba conversó con el licenciado Álvaro Colazo, director de carreras de Educación en la Universidad Blas Pascal y docente con más de quince años de trayectoria en formación docente, quien plantea una mirada crítica sobre la incorporación del homeschooling en la Argentina.
Desde su perspectiva, uno de los principales problemas del proyecto es la falta de precisiones sobre los dispositivos de control y acompañamiento que debería asumir el Estado para garantizar el derecho a la educación en trayectorias no escolarizadas. “Si lo pensamos desde la política educativa, la idea central del proyecto muestra varias debilidades conceptuales y normativas. Siempre es interesante que debatamos la diversificación de las trayectorias educativas, pero la idea del homeschooling aplicado a nuestra realidad educativa no puede ser descontextualizada del marco jurídico y pedagógico vigente. En nuestro país, la educación obligatoria es un derecho social garantizado por el Estado, y va más allá de simplemente la transmisión de contenidos; también asegura los procesos de enseñanza, de evaluación y, sobre todo, de socialización. Si un proyecto de estas características no tiene definiciones claras sobre, por ejemplo, cómo sería la supervisión estatal, se nos abren fuertes interrogantes sobre su legitimidad educativa”, aseguró.
Consultado sobre si el sistema educativo argentino está preparado para implementar esta modalidad, Colazo dio un rotundo “no” y explicó: “En este momento, nuestro sistema educativo no está preparado para una implementación amplia del homeschooling. No existen dispositivos específicos de regulación, de seguimiento y de evaluación que estén diseñados para sostener trayectorias educativas no escolarizadas, de manera equitativa. Históricamente, los marcos curriculares y de acreditación suponen la presencialidad (más allá de casos extremos como lo sucedido durante la pandemia). Una propuesta como el homeschooling implicaría reconfigurar de manera profunda el sistema, y eso hoy no forma parte del debate académico ni de las normativas curriculares”.
La experiencia de la educación remota durante la pandemia, si bien amplió el uso de tecnologías digitales, no derivó en un rediseño estructural del sistema que permita sostener modalidades no presenciales de manera permanente y con criterios de equidad.
Riesgos para el rol docente y las trayectorias educativas
Desde su experiencia en formación docente, Colazo advierte sobre los riesgos que podría implicar la expansión del homeschooling para la profesionalización de la enseñanza. “Trabajo desde hace más de quince años en el campo de la formación docente, y una de las cuestiones que más abordo con mis estudiantes es el hecho de revalidar la figura del docente, que actualmente se encuentra desprestigiada. Si además le sumamos este tema, entramos en una posible desprofesionalización de la enseñanza. Esto quiere decir que se diluye el rol del maestro/a y profesor/a como mediador experto”, señaló.
A esto se suma, según el especialista, el riesgo de fragmentar las trayectorias educativas y profundizar desigualdades preexistentes: “Esa fragmentación inevitablemente conduce a la reproducción de las desigualdades de origen. Otro de los aspectos claves es que se transfieren las responsabilidades pedagógicas complejas a las familias, muchas veces sin el acompañamiento necesario”.
Colazo reconoce que existen algunas oportunidades potenciales, aunque de manera muy acotada: “Personalmente, no reconozco muchas oportunidades para esta modalidad; las que puedo reconocer, lo son si el homeschooling se permite como modalidad excepcional y regulada. Puede contribuir a repensar la personalización de los aprendizajes y el uso de tecnologías digitales como herramientas de acompañamiento, pero solo dentro de un marco institucional sólido y con participación activa de profesionales de la educación”. En ese sentido, remarcó que cualquier avance en este tipo de propuestas debería inscribirse en un esquema donde el Estado mantenga un rol central en la regulación y supervisión.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el impacto que podría tener el homeschooling en la igualdad de oportunidades. “La implementación del homeschooling, sin regulaciones estrictas, podría tener un impacto negativo en la equidad de nuestro sistema educativo, sobre todo porque esta modalidad tiende a beneficiar a sectores con mayor capital cultural y económico, lo que profundiza las brechas ya existentes. Para la igualdad de oportunidades no debemos sólo pensar en ampliar las opciones; también es necesario generar condiciones de calidad, seguimiento y evaluación para todas las trayectorias”, advirtió Álvaro.
Más allá de los contenidos curriculares, el docente subrayó el rol central de la escuela como espacio de socialización y sostuvo: “La escuela, por sentido común pero también dentro del marco legal, es un espacio central para la socialización, el aprendizaje de normas comunes y la construcción de ciudadanía, factores claves de la experiencia educativa”.
Desde esta mirada, la educación en el hogar presenta altas limitaciones para garantizar aprendizajes vinculados a la convivencia, la diversidad y la participación en espacios colectivos.
Qué debería contemplar una eventual regulación
En caso de que la reforma avance, el especialista consideró indispensable establecer mecanismos claros de control estatal. “Si eventualmente este tipo de reforma avanzara, debería aplicarse un dispositivo institucional de seguimiento con presencia fuerte, que tenga en cuenta, entre otras cuestiones, el acompañamiento pedagógico a cargo de profesionales formados, evaluaciones periódicas presenciales y articulación con instituciones educativas reconocidas. Tenemos que garantizar la calidad educativa y esto es responsabilidad del Estado, algo que no se puede delegar”, afirmó.
Finalmente, Colazo planteó que una transformación de este tipo implicaría revisar en profundidad la formación docente. “Sería necesario fortalecer los perfiles docentes con propuestas vinculadas al acompañamiento de trayectorias educativas diversas, la evaluación externa, el diseño curricular flexible y la mediación pedagógica en entornos digitales, lo que es necesario, más allá de la modalidad en cuestión, para la sociedad que vivimos. Para ello debemos revisar los planes de formación docente y también continua, y promover habilidades para que nuestros futuros profesionales de la educación puedan intervenir en contextos no tradicionales. Lo más importante, es siempre cuidar y sostener el derecho a la educación”, destacó.
Otros puntos de la Ley de Libertad Educativa
El proyecto de Ley de Libertad Educativa insiste en la declaración de la educación como “servicio esencial”, con el objetivo de garantizar la continuidad mínima del mismo. A su vez, otorga una amplia libertad pedagógica a las instituciones, que podrán diseñar sus propios planes de estudio conforme a su ideario y proyecto educativo, siempre que cumplan con contenidos comunes y una carga horaria mínima anual.
Otro de los puntos es la habilitación para publicar los resultados de las evaluaciones nacionales, como las pruebas Aprender, de manera desagregada por institución educativa, con resguardo de la identidad de docentes y estudiantes. Esta medida, según establece el artículo 63 del proyecto, busca transparentar la información y ponerla a disposición de las familias en un portal digital abierto.
En materia de financiamiento, se introduce un Sistema Federal de Monitoreo de la Inversión Educativa y propone criterios de equidad entre instituciones estatales y privadas centrados en el estudiante. En ese marco, retoma la idea de los vouchers o vales educativos, bajo la forma de becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes “orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”.
La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte reconfiguración del rol del Estado nacional en materia educativa. Según datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, la inversión nacional en “Educación y cultura” pasó del 1,48 % del PBI en 2023 al 0,88 % en 2024, con proyecciones descendentes para los años siguientes. A esto se suma que el proyecto de presupuesto 2026 prevé la derogación de normas clave de financiamiento educativo, como el piso del 6% del PBI establecido por la Ley de Educación Nacional.
Mientras el proyecto de Ley de Libertad Educativa comienza su recorrido político y legislativo, el debate sobre el homeschooling expone tensiones de fondo sobre el sentido de la educación, el rol del Estado y los límites de la elección individual en un sistema que históricamente se pensó como herramienta de integración social y construcción colectiva.
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