La Fiscalía de Instrucción de 27ª Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, solicitó la elevación a juicio de tres integrantes de un grupo constructor acusados de haber cometido una serie de estafas reiteradas que afectaron a decenas de clientes en la ciudad de Córdoba y otras localidades.
Los imputados son Miguel Ángel Tallone y sus hijos Franco Tallone y Romina Tallone, quienes deberán responder por 22 hechos de estafa presuntamente cometidos a través de las firmas Crea Grupo Constructor SRL, Crea Grupo Constructor SAS y MFRT S.A.S.
Según la investigación judicial, los acusados habrían implementado un esquema comercial destinado a captar fondos de particulares mediante la oferta de construcción de viviendas y piletas bajo la modalidad financiada y “llave en mano”. Las propuestas incluían distintos sistemas constructivos, entre ellos tradicional, Steel Frame, Emmedue y Wood Frame.
La fiscalía sostiene que, para generar confianza y atraer clientes, la empresa montó una estructura comercial de gran escala en barrio Urca, en la ciudad de Córdoba. El local contaba con amplias oficinas, numerosos vendedores, arquitectos distribuidos en distintos espacios de atención y una estrategia publicitaria que exhibía imágenes de supuestos avances de obras y modelos habitacionales de diferentes características.
De acuerdo con la acusación, los responsables ofrecían proyectos que sabían de antemano que no podrían cumplir en los plazos comprometidos. En numerosos casos, incluso, las construcciones contratadas nunca llegaron a iniciarse, pese a que los clientes habían realizado importantes desembolsos económicos.
La investigación concluyó que estas maniobras provocaron un considerable perjuicio patrimonial a las víctimas. El daño económico total fue estimado en más de 600.000 dólares estadounidenses y alrededor de 800 millones de pesos, cifra actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con el requerimiento de citación a juicio, la causa avanza hacia una nueva etapa procesal en la que se debatirá la responsabilidad penal de los acusados por los hechos atribuidos. La Justicia deberá determinar ahora si las pruebas reunidas durante la instrucción son suficientes para sostener las imputaciones en un juicio oral y público.
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