El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba aprobó parcialmente la instalación del complejo para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) del Área Metropolitana de Córdoba, en la zona del departamento Santa María. No obstante, estableció que el predio deberá estar, como mínimo, a 4 kilómetros de la localidad de Villa Parque Santa Ana (VPSA), y que la empresa CORMECOR SA deberá cumplir con diversas medidas de control ambiental, como el manejo de gases y olores. Además, los vecinos de VPSA deberán contar con un representante en la Comisión Técnico-Social para monitorear el cumplimiento de los estándares ambientales del proyecto.
Requerimientos ambientales y control ciudadano
El TSJ dictó esta resolución tras aceptar parcialmente los recursos de apelación presentados por CORMECOR, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia, que cuestionaban la sentencia de la Cámara Contencioso-Administrativa de Primera Nominación. Esta última había determinado que la ubicación original del predio, a solo 1 kilómetro de VPSA, no cumplía con los requisitos socioambientales, en línea con las recomendaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA). A pesar de que el TSJ reconoció que la zona elegida inicialmente cumplía con ciertos criterios técnicos, estableció que la distancia debía ser mayor para minimizar los impactos sobre la comunidad cercana.
Un avance en la gestión de residuos urbanos
Los jueces subrayaron que la resolución no implica una prohibición total de la instalación del complejo, sino que se trata de un paso hacia una gestión responsable de los RSU, uno de los principales desafíos ambientales de la región. En este sentido, el TSJ resaltó la importancia de abordar este tipo de proyectos con seriedad y control ciudadano, para asegurar que el tratamiento de residuos se realice de manera adecuada y transparente. Asimismo, indicó que la responsabilidad ambiental no debe considerarse un tema tabú, sino una cuestión que debe ser gestionada de forma rigurosa, participativa y con un fuerte control administrativo y judicial.
Finalmente, el TSJ estableció que CORMECOR deberá adaptar su proyecto a las recomendaciones del ISEA, respetando una distancia mínima de 4 kilómetros y con una zona de restricción de 2 kilómetros alrededor del predio para evitar el desarrollo de construcciones residenciales en el área.
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