En una jornada que marcó el 214º aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto para la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial. La ceremonia se realizó el pasado domingo, 15 de septiembre, en Palacio Nacional, con Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa, como testigo de honor.
La promulgación de la reforma tuvo lugar en un contexto de controversia legal. Apenas dos días antes, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito emitió una suspensión provisional que buscaba impedir la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No obstante, AMLO procedió con la firma y publicación del decreto, desafiando así la suspensión judicial.
El presidente justificó su acción argumentando que la Constitución le otorgaba la responsabilidad de publicar las reformas aprobadas por el Congreso y las legislaturas estatales. «Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial», expresó AMLO durante el evento.
Con el respaldo de una mayoría calificada en el Senado, la reforma fue aprobada el 10 de septiembre pasado, generando un amplio debate sobre sus implicaciones y el proceso de su aprobación. La reforma introdujo cambios significativos en la selección de jueces, magistrados y ministros. A partir de entonces, estos cargos serían elegidos por el voto popular, lo que implicaba que en los próximos años el electorado tendría la tarea de decidir sobre 16.000 cargos judiciales. Este cambio buscó democratizar el sistema judicial, permitiendo que los ciudadanos tuvieran una mayor influencia en la elección de las autoridades judiciales.
Aunque la mayoría del Senado estaba ocupada por legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la reforma fue aprobada con la ayuda de varios votos inesperados. Entre ellos, se destacó el voto del senador del Partido de Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se unió a Morena, contribuyendo a alcanzar la mayoría calificada necesaria para la aprobación. Este voto fue inesperado, dado el historial de confrontación entre Yunes Márquez y AMLO, así como las acusaciones de corrupción que rodearon a su familia.
La reforma, que entró en vigor el pasado martes, introdujo cambios significativos en el sistema judicial mexicano. Anteriormente, los jueces eran designados a través de concursos técnicos; sin embargo, la nueva ley permitió a los votantes elegir a los jueces entre una lista propuesta por el presidente, los diputados y los senadores. Este cambio buscó democratizar la justicia en México, asegurando que los jueces estuvieran más alineados con las necesidades del pueblo y menos influenciados por cúpulas políticas.
Este logro legislativo se produjo en el contexto de un Senado que, tras las elecciones de junio de este año, estaba dominado por el partido Morena, que contaba con una mayoría de dos tercios. La reforma representó, para AMLO, posiblemente su último gran triunfo antes de dejar la presidencia el próximo 1 de octubre.
La reforma fue presentada como una respuesta a las críticas de AMLO sobre un sistema judicial que calificó de «podrido». Sin embargo, suscitó preocupación y controversia. Entre las críticas más destacadas estuvieron las preocupaciones sobre la posibilidad de que la elección de jueces por voto popular pudiera llevar a acuerdos políticos y corrupción, especialmente en un país donde el narcotráfico tiene un fuerte poder económico. El gobierno defendió la reforma argumentando que se prohibía el uso de fondos públicos y privados para las campañas judiciales, aunque persistieron dudas sobre cómo se implementarían estas medidas en la práctica.
Sheinbaum celebró la promulgación de la reforma, destacando su importancia simbólica al coincidir con el aniversario de la Independencia de México. En su discurso, Sheinbaum enfatizó que este momento marcaba un hito en la independencia y la soberanía del país. «Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país», afirmó.
A pesar de las críticas de algunos organismos internacionales que advirtieron sobre el potencial debilitamiento de la división de poderes, AMLO consideró que la reforma fortalecería la democracia al hacer el sistema judicial más accesible y representativo.
Aunque AMLO dio el último paso en la promulgación de la reforma, sería la administración entrante de Claudia Sheinbaum la que se encargaría de implementar los cambios en el sistema judicial. La reforma, impulsada por AMLO y aprobada por Morena y sus aliados, marcó el cierre de una etapa en la administración actual y el comienzo de una nueva fase en la historia de la justicia en México.
Este evento subrayó el compromiso del presidente saliente con su visión de transformar el sistema judicial y marcó un momento clave para la administración que tomaría el relevo en menos de dos semanas. La implementación efectiva de esta reforma será crucial para evaluar su impacto real en la justicia y la democracia en México.
La aprobación de la reforma, a pesar de las críticas y el proceso controvertido, marcó un cambio significativo en el sistema judicial mexicano. Mientras que AMLO y sus seguidores la vieron como un avance hacia una mayor democratización de la justicia, los opositores y críticos expresaron preocupaciones sobre la integridad y la independencia del poder judicial en México. Con la entrada en vigor de la reforma en los próximos años, será crucial observar cómo se implementan estos cambios y cómo afectan realmente al sistema judicial y a la política mexicana en general.
