La ola de calor y la sequía pusieron en tensión al servicio eléctrico en las zonas de mayor densidad de población y están haciendo estragos en vastas regiones agrícolas, generando un doble impacto para la política económica del Gobierno. Por un lado se profundizará el desfasaje de la balanza energética y por otro los recursos fiscales previstos por una cosecha de unas 140 millones de toneladas podrían verse recortados.
La situación del sector agrícola fue analizada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en un encuentro que se realizó en la Casa Rosada. “Estamos en un monitoreo permanente, en contacto con los ministros de las provincias, haciendo una evaluación y un diagnóstico de la situación y del impacto del cambio climático sobre los distintos cultivos”, señaló Domínguez luego del encuentro mediante un comunicado de prensa.
Agricultura estimó que en el último semestre hubo una disminución de hasta 200 milímetros de precipitaciones en algunas zonas y señaló que “se está observando con preocupación la evolución de la zona núcleo, especialmente en lo que respecta al maíz de primera, la soja, y la falta de disponibilidad de forraje o pasto para la ganadería en algunos lugares”.
En 2021 las cuentas públicas tuvieron un respiro por el volumen de la cosecha y el aumento de precios, factores que al parecer jugarán en contra este año complicando las estimaciones fiscales y en especial el ingreso de dólares al país. Durante el encuentro con Manzur, Domínguez solicitó fondos para asistir a los productores afectados.
“Con el Jefe de Gabinete -dijo Domínguez- hablamos de la necesidad de estar preparados para dar solución a esta situación, ya que vamos a tener un impacto en el sector, del que tendremos una evaluación después de la tercera semana de enero”. “Por eso coincidimos en poner operativo el fondo de emergencia nacional para asistir y acompañar a los productores en este momento de dificultades”, concluyó.
En realidad, Domínguez reclamó directamente que se amplíen los fondos para asistir productores ya que el Fondo de Emergencia Agropecuaria equivale actualmente a apenas 13.000 toneladas de soja, según el precio pagado a los productores locales en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que esta semana fue de $39.570.
Significa que el Estado dispone de sólo el 0,03% de la producción prevista de soja para la presente campaña 2021/22 que se ubicaría en alrededor de 44 millones de toneladas si es que la ausencia de lluvias no termina afectando los rendimientos. Esto es así ya que desde la sanción de la Ley de Emergencia Agropecuaria en 2009, los recursos estatales dispuestos para asistir a productores rurales afectados por fenómenos climáticos adversos quedaron congelados en 500 millones de pesos.
Rige la rebaja de retenciones en la economía regional
En medio de la discusión con el sector agropecuario por la legitimidad de los Derechos de Importación, el Gobierno nacional recordó que desde el 1° de enero rige la reducción a 0% en las alícuotas para una serie de productos provenientes de economías regionales.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Agricultura indicó algunos de los productos que redujeron su alícuota a cero. Entre otros, en el caso de grasas y aceites se incluye a aceites de tung, ricino, uva, así como de cera de abejas.
En harinas alcanza a avena, centeno, garbanzo, lenteja, porotos, granos perlados o triturados de avena, copos de papa, fécula de papa y mandioca, productos que estaban tributando al 4,5%.
Decretan la emergencia ígnea en todo el país
El Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año y creó un grupo de trabajo que será presidido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Según se informó oficialmente, el objetivo es adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios forestales, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.
Para ello, el Poder Ejecutivo encomendó a la cartera de Ambiente la conformación de un grupo de trabajo integrado por todas las partes involucradas para coordinar la adopción de las medidas y acciones que resulten necesarias para atender la emergencia.
