El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la Resolución 461/2026 firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, oficializó este 20 de mayo la creación de la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el Marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta nueva instancia busca fortalecer la prevención y mitigación de riesgos criminales que puedan afectar infraestructuras críticas y proyectos de gran envergadura.
La medida responde al crecimiento exponencial del RIGI, que hacia fines de 2025 ya contaba con una decena de proyectos aprobados que representan compromisos de inversión superiores a los USD 13.000 millones, además de una cartera de más de 20 proyectos adicionales en evaluación. Estas inversiones se concentran en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura en provincias clave, incluyendo San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
El Gobierno advierte que el volumen y la complejidad de estos proyectos pueden convertirlos en objetivos de organizaciones criminales transnacionales. Entre los riesgos específicos identificados en la resolución se encuentran:
- La captación de rentas ilícitas y el lavado de activos.
- La extorsión y la infiltración criminal en actividades económicas lícitas.
- La vulneración de sistemas de logística y supervisión estatal para el reciclaje de flujos financieros ilegales.
La Mesa estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Actuarán como organismos técnicos para analizar información estratégica y proponer despliegues operativos coordinados con las provincias.
Un punto destacado de la normativa es el fomento de la cooperación voluntaria con el sector privado. Se promoverá el desarrollo de protocolos de seguridad y canales de reporte temprano de riesgos con las empresas titulares de los proyectos, contratistas y operadores logísticos, aclarando que esto no implicará cargas burocráticas ni costos económicos adicionales para las compañías.
La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, estableciendo un entorno de mayor «seguridad jurídica y certeza» para el normal desenvolvimiento de las inversiones en el país.
