El Gobierno de Córdoba puso en marcha esta semana un protocolo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante falsas amenazas de ataques en escuelas, una problemática que en los últimos meses generó evacuaciones, pánico en muchas escuelas y una fuerte movilización de recursos de seguridad.
La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos ocasionados por la intervención de fuerzas policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores que sean identificados e imputados por la Justicia.
El procedimiento prevé que, una vez determinados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. A partir de ese cálculo, la Provincia avanzará con demandas civiles para exigir el pago, bajo el principio de responsabilidad parental establecido en el Código Civil y Comercial.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que ya hay 26 notificaciones en curso y que todas superan el millón de pesos. “Estamos hablando de una suma que claramente va a afectar la economía de cualquier hogar”, sostuvo. Además, precisó que hay al menos cinco casos con los costos ya cerrados, en el marco de 26 intervenciones registradas en escuelas de la ciudad de Córdoba.
Los montos varían según la magnitud del operativo. Según detalló el funcionario, algunos casos ascienden a $3,3 millones, $6,4 millones y $8,7 millones, mientras que otros superan los $10 millones. El operativo más costoso hasta el momento alcanzó los $16.372.336. En caso de incumplimiento, la Provincia podrá avanzar con reclamos administrativos y judiciales a través de Fiscalía de Estado.
La implementación de este esquema abrió también un debate sobre su efectividad como herramienta preventiva. En diálogo con Hoy Día Córdoba, Mariana Savid Saravia, psicopedagoga y especialista en neuroeducación y bullying, advierte que el enfoque punitivo llega tarde frente a un problema más profundo. “Cada amenaza moviliza recursos y genera miedo, pero ponerle un precio no va a impedir que el próximo adolescente escriba una amenaza”, señaló.
Desde su perspectiva, estas conductas no surgen de manera aislada, sino que responden a procesos previos que no logran ser detectados a tiempo. “La multa llega después: después de la pintada, del pánico y de la evacuación. Es un parche sobre un problema que empezó mucho antes, muchas veces en la soledad de una habitación y sin adultos que acompañen”, explicó.
Además, planteó que el impacto económico puede agravar situaciones de vulnerabilidad sin generar un cambio de conducta en los adolescentes. “Una multa millonaria no los hace más responsables: puede hundir más a la familia. Y al adolescente no lo ayuda, lo estigmatiza y lo deja más solo”, sostuvo. En ese sentido, insistió en que las sanciones deben tener un sentido pedagógico y no limitarse a lo económico.
En la misma línea, Julieta, psicóloga y docente, coincidió en que las multas difícilmente resulten disuasivas para los jóvenes. “Tienen un carácter punitivo que castiga a los padres, pero no necesariamente modifica la conducta adolescente”, indicó. También advirtió que muchas familias no podrán afrontar esos montos, lo que podría profundizar su vulnerabilidad.
La especialista sumó otro elemento al análisis: el rol de la difusión mediática y social de estos episodios. “Así como el lenguaje adolescente cambia para diferenciarse de los adultos, estas conductas también pueden mutar. Si no hay prevención, probablemente esta ‘moda’ se agote y surja otra forma de llamar la atención”, señaló. Y remarcó que la respuesta no puede recaer únicamente en la escuela o la familia, sino que requiere un abordaje más amplio.
Mientras tanto, el Gobierno provincial avanza con la implementación del protocolo y el envío de las primeras notificaciones. En un contexto donde las falsas amenazas generan altos costos económicos y sociales, la discusión queda abierta: hasta qué punto el recupero de esos gastos puede funcionar como un freno, y qué otras estrategias son necesarias para abordar un fenómeno que excede lo estrictamente penal.
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