“He estado encadenado meses, me han quebrado mis huesos, me han sacado mis dientes, me han puesto bolsas en la cabeza, me han hecho cosas horribles, me han tenido parado levantando un pie y con las manos en forma de espantapájaros. Eso es lo que más me dolió en mi vida”. El relato pertenece a Mauricio Daniel Bustamante, de 30 años, hoy detenido en el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje.
Bustamante está preso desde 2007 por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y denuncia que, desde hace años, guardias del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) lo someten a vejámenes, golpizas y torturas. Su abogado, Claudio Juárez Centeno explicó que su representado “aduce que hay una serie de malos tratamientos internos, faltas de protocolo e informes falsos”.
Durante los 12 años que el interno estuvo detenido pasó de pelearse con otros reclusos, a estudiar Márketing y Organización de eventos en la Universidad Blas Pascal. Asimismo, realizó “un buen tratamiento” según lo indicó la jueza de Control de San Francisco, María Teresa Garay. Ella tuvo en sus manos durante poco más de dos años la causa de Bustamante y fue quien le permitió acceder a un régimen de libertad vigilada en el Establecimiento Penitenciario 7 de San Francisco, a pesar de lo que su abogado denunció como “informes absurdos y falsos” que “han sido fraguados con la connivencia del servicio penitenciario”, donde se indicaba que el recluso mantenía una mala conducta.
“El juez es como, en ocasiones, una computadora: resuelve a base de lo que le informa el servicio. Y el servicio le informó que yo era un monstruo”, recuerda Bustamante sobre los primeros contactos que tuvo con la jueza. Durante el régimen de libertad vigilada, Bustamante aprovechó y llegó a organizar eventos bailables y recaudar dinero para solventarse. En su cuenta de Instagram “La_letra” hay videos e invitaciones a esos eventos. Allí también se puede ver que el interno voló una avioneta en pleno cumplimiento de su pena. Esto lo hizo, según contó, con el aval del SPC que intentaba persuadirlo para que dejara de realizar denuncias. “Cuando salía, ellos me pedían que desistiera de mi actitud de demandar y de denunciarlos, y que ellos me iban a ayudar a que yo pudiera realizar mi carrera”, contó el interno y agregó: “El juez no les permitía que ellos me permitieran volar un avión”.
Pero esta situación cambió en 2017, cuando el recluso gozaba de la libertad vigilada y, según contó, sufrió un episodio de violencia y robo durante una requisa que decidió denunciar. A raíz de ello, recibió una fuerte golpiza por parte del SPC, donde resultó dañado en los testículos, una costilla quebrada y los dientes rotos. “Sí hubo una situación de violencia física y se corrieron todas las actuaciones al tribunal de conducta penitenciaria”, explicó la jueza Garay al respecto. A raíz de esa y otras denuncias fue que trasladaron a Bustamante desde San Francisco a la Colonia Abierta Monte Cristo en 2018. Allí el SPC lo acusó de anunciar su fuga de manera anticipada si no le otorgaban la libertad condicional, siendo que él ya contaba con un régimen semi abierto a su favor y había volado en avioneta.
A partir de ese momento los beneficios del recluso se cayeron, se lo trasladó a Bouwer y, hace dos semanas, a la cárcel de Cruz del Eje, donde purga su condena junto a su padre, también detenido desde que Mauricio tenía siete años. “Mis reclamos han sido siempre por estudiar, porque se me permita formarme en las universidades (…) por las vulneraciones, los apremios y las torturas físicas que me han hecho, como sacarme cuatro dientes, quebrarme, daño testicular permanente, medicarme contra mi voluntad con 13 clonazepam diarios”, explicó Bustamante desde la cárcel, que asegura que la mayoría de los reclusos de las cárceles cordobesas sufren vejámenes similares. La diferencia con otros casos es que él denunció cada uno los casos. “No es el delincuente común y corriente. Es un chico que habla bien, tiene fundamentos. Habrá despertado envidia”, indicó su letrado.
Por su parte, la jueza Garay explicó: “Situaciones de violencia en las cárceles hay siempre”. “Muchas veces los internos son golpeados y les quedan lesiones leves y dicen ‘no, yo no quiero denunciar porque no quiero tener problemas con el servicio penitenciario, porque después tengo que seguir cumpliendo la condena, y si denuncio me trasladan’”, agregó Garay. La magistrada entiende que la cárcel es un lugar “muy complejo” y mucho más aún “las cárceles de la provincia de Córdoba, donde hay en este momento sobrepoblación y situaciones graves de toda naturaleza”.
Récord de presentación de Habeas Corpus
El letrado de Buscamante, Juárez Centeno, explicó a HOY DÍA CÓRDOBA que su cliente “se ha cansado de presentar habeas corpus” estableciendo un “récord” de 200 recursos de este tipo que forman parte del abultado expediente de ejecución de pena de su defendido. Actualmente, expediente cuenta con 22 cuerpos de 200 páginas cada uno.
A lo largo de las fojas se leen las situaciones descriptas por Bustamante y su padre, quien también presentó este tipo de recursos para resguardar a su hijo. Los expedientes de ejecución de pena, según contó Centeno, suelen tener entre tres y cuatro cuerpos.
La diferencia en este caso se debe a las irregularidades que denunció Bustamante y los hábeas corpus presentados. Según su abogado, su cliente está en condiciones de recibir la libertad condicional, ya en cuatro años cumplirá su pena y su conducta es correcta.
