La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que el ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), será juzgado por crímenes de lesa humanidad vinculados a la denominada “guerra contra las drogas”, tras la decisión de los jueces de instrucción de remitir el caso a juicio y confirmar todos los cargos en su contra.
El tribunal sostuvo que existen pruebas suficientes para llevar adelante el proceso por su presunta implicación en al menos 76 asesinatos, considerados una “fracción emblemática” de un número de víctimas que, según organizaciones de derechos humanos, podría ascender a varios miles de personas.
En una decisión de 50 páginas, los jueces concluyeron que Duterte “desarrolló, difundió e implementó” una política destinada a “neutralizar” a presuntos criminales, en el marco de la campaña antidrogas durante su gobierno.
Según la fiscalía, fuerzas policiales y escuadrones de la muerte ejecutaron decenas de asesinatos bajo órdenes o incentivos del entorno del ex presidente, incluyendo promesas de recompensas económicas o la eliminación de posibles amenazas internas.
“Para algunos, matar alcanzó el nivel de una forma perversa de competencia”, declaró el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang durante las audiencias preliminares.
El ex mandatario, de 81 años, fue detenido en Filipinas el año pasado y niega todas las acusaciones en su contra. Su defensa sostiene que el proceso se basa en una interpretación selectiva de sus declaraciones públicas y que nunca hubo intención de incitar a la violencia.
Su abogado, Nick Kaufman, afirmó ante el tribunal que Duterte “respalda su legado con determinación y mantiene su inocencia absoluta”.
El ex presidente no ha comparecido personalmente en las audiencias, tras renunciar a su derecho a estar presente, aunque los jueces determinaron que se encuentra en condiciones de ser juzgado.
La investigación comenzó en 2018, cuando la CPI abrió un examen preliminar sobre la campaña antidrogas en Filipinas. Un mes después, Duterte anunció la retirada del país del tribunal, en lo que fue interpretado por organizaciones de derechos humanos como un intento de evitar responsabilidades internacionales.
Sin embargo, los jueces de apelación rechazaron recientemente el pedido de la defensa para desestimar el caso por falta de jurisdicción.
Aún no se ha fijado fecha para el inicio del juicio, que será uno de los procesos más relevantes de la Corte en los últimos años por su magnitud y por el alcance de las acusaciones.
