La Ruta Nacional N.º 7 “Libertador General San Martín” permaneció interrumpida por más de 72 horas entre el municipio de Vicuña Mackenna y el paraje Colonia Pueyrredón, en el sur de Córdoba. El pasado 7 de julio, un camión que transportaba maquinaria pesada colisionó con un puente peatonal inaugurado en 2017 (presidencia Macri), derrumbándose la estructura sobre la ruta, que, en más de 1200 kilómetros, conecta la ciudad de Buenos Aires con el paso Cristo Redentor en la frontera con Chile. Constituye un corredor internacional estratégico para la producción.
La Municipalidad de Vicuña Mackenna y la Policía Caminera organizaron un desvío provisorio, afectando recursos e infraestructura propia. El intendente Roberto Casari expresó que no había interlocutores salvo la empresa Corredores Viales (concesionaria). La Provincia también reclamó ante la falta de diligencia. ¿Qué área federal tomará estos asuntos, disuelta Vialidad Nacional?
Como éste, se multiplican incidentes e interrogantes a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, no sólo en el crucial aspecto de los caminos y la infraestructura, sino en ámbitos como la salud, los programas educativos y sociales, las cuestiones previsionales, etc. Desde diciembre de 2023, el sistema federal argentino está siendo reconfigurado por recortes que impactan sobre los bienes públicos y la ciudadanía. La recentralización normativa y la transferencia impuesta de funciones, no incluye acuerdos, recursos ni respuestas ante contingencias.
Cuando “menos” termina siendo “menos”
Tras los últimos decretos delegados, son más de 100 los organismos nacionales cuyo cierre o transformación se ha ordenado durante el gobierno de Javier Milei: Agencia Nacional de Seguridad Vial, Comisiones Nacionales de Tránsito y de Transporte, el Instituto Nacional del Cáncer o el INADI, las delegaciones Sanitarias Federales, los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar, Semillas, Vitivinicultura; la transformación de los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria, Propiedad Industrial, del Teatro o las Comisiones Nacionales de Monumentos y bienes históricos o Bibliotecas Populares y todos los que tenían como objeto los estudios históricos argentinos, entre tantos.
A esto se suma la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del interior, el recorte del 85% en programas de primera infancia, el 75% en comedores comunitarios, el desfinanciamiento de becas Progresar y Conectar Igualdad, la paralización de más del 90% de las obras públicas en curso y la fusión, cierre o subejecución en hospitales y organismos sanitarios.
Todos organismos con facultades concretas de prestación, aplicación, control, promoción, etc. ¿Qué pasará con sus funciones?
Entre la letra constitucional y la motosierra
El federalismo argentino está consagrado especialmente en los artículos 1, 5, 75, 121 a 126 de la Constitución Nacional. Define un sistema cooperativo, no jerárquico, donde las provincias conservan todo poder no delegado al gobierno federal. Ese señorío provincial es “originario e irreductible” (como bien lo definió P.J. Frías). El actual Gobierno Nacional ha presionado sobre este diseño a través de reformas normativas de excepción (DNU 70/2023 y otros instrumentos similares, la Ley Bases y sus decretos delegados), retirando al Estado Nacional de críticas responsabilidades.
La Casa Rosada reivindica un superávit fiscal logrado a través del recorte del gasto público. Pero el ajuste fue soportado mayoritariamente por las provincias y la ciudadanía. En 2024, las provincias perdieron más de $10 billones entre recortes de obras, subsidios y programas nacionales.
Debe diferenciarse el ahorro del recorte: el primero implica eficiencia sin pérdida de servicios; el segundo, suprime derechos y funciones sin respaldo.
El Pacto de Mayo, en suspenso
Hace más de un año, el Gobierno impulsó el “Pacto de Mayo”, firmado en julio de 2024 por 18 jurisdicciones. Sin contenido normativo operativo ni constitución efectiva (hasta hace un par de semanas por su primera reunión). El acuerdo carece de la densidad de pactos fiscales federales como los de los años 90, que nacieron de negociaciones reales entre Nación y provincias.
No debe soslayarse la eliminación del Ministerio del Interior de la Nación, cuyas funciones fueron disipadas en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Se hace inocultable la tensión entre un gobierno nacional -cuyo discurso y agenda se encierra inexorablemente- y los gobiernos provinciales, con menos margen para mirar hacia otro lado ante las medidas adoptadas por la Casa Rosada.
La ausencia del Presidente en Tucumán en el acto del 9 de julio, con poquísimos gobernadores anticipando su presencia, lo muestra claramente. Se suman las fricciones legislativas en vísperas de las elecciones de octubre y nuevos signos de déficit fiscal, incluso después del recorte realizado.
Milei canceló su viaje a Tucumán por la neblina y no encabezará el acto del 9 de Julio
El federalismo se construye
Asegurar un federalismo funcional no puede limitarse a invocar la Constitución: requiere condiciones de viabilidad.
Sin acuerdos sostenibles, los recortes que alivian transitoriamente las cuentas nacionales, a corto plazo incidirán en mayores costos sociales, territoriales e institucionales. Y cuidado: aunque se afirma que la sociedad acompaña el ajuste, en 2025 se observa una fuerte caída en la participación electoral, aún no correlacionada con el creciente número de personas que van quedando fuera de los subsistemas sociales (empleo, salud, escolarización, techo, asistenciales, alimentación, etc.).
Reconfigurar el vínculo entre Nación y provincias requiere articulación, compensaciones equilibradas y acuerdos. De lo contrario, el país no sólo se deteriora administrativa-operativamente, sino que se expone a una inestabilidad política crónica, donde el federalismo se vacíe de contenido y dinámica, horadándose su legitimidad como pivote de la convivencia nacional.
