El conjunto de entidades empresarias reunidas en el Grupo de los 6 o el G6 Córdoba emitió un comunicado en el que criticó la suba de impuestos por parte de la Municipalidad de Córdoba, la Provincia y el Gobierno Nacional. En el escrito, el sector señala que las medidas impuestas y otras en estudio elevan la presión fiscal, vía el incremento de los tributos vigentes como con la creación de nuevas imposiciones en forma de tasas, fondos solidarios transitorios o permanentes, entre otros”. Las quejas fueron especialmente duras hacia la Municipalidad de Córdoba donde se observa con preocupación la imposición y anuncio de nuevas tasas y otros esquemas recaudatorios como el Fondo Solidario de Inclusión Social, la tasa sobre la transferencia de inmuebles, etc”.
En tal sentido, y en consonancia con lo expresado por los escribanos (ver aparte) el G6 atacó, en particular, la legalidad” de las tasadas. Muchas de estas nuevas imposiciones resultan irracionales, de dudosa legalidad y desproporcionadas respecto de los servicios que se prestan”, expresaron. A nivel nacional, entienden que resulta insostenible que el equilibrio fiscal se logre mediante el incremento de la presión impositiva, al comercio exterior y al trabajo.
Aunque se trate de medidas de emergencia, hacen imposible echar a funcionar el aparato productivo con la pesada carga tributaria”. En esa línea, la crítica al ámbito provincial reside en que la suspensión de la vigencia del Consenso Fiscal es una señal negativa en todo sentido, porque deja librada a la discrecionalidad de cada jurisdicción la posibilidad de multiplicar la presión tributaria”.
La Provincia de Córdoba no debería subir la carga tributaria, en especial el impuesto a los Ingresos Brutos que pesa sobre el sector privado”, indicaron. A la hora de presentar una réplica, le apuntaron a la reducción del Estado. Los sectores productivos como la ciudadanía en general necesitan que se hagan esfuerzos genuinos y sostenidos para la reducción del tamaño del Estado y de todo gasto público innecesario”, indicaron los empresarios, quienes repitieron que hasta el momento no se ha hecho casi ningún esfuerzo en ese sentido”.
Para los escribanos, los incrementos son inconstitucionales”
En coincidencia con la postura empresarial, el Colegio de Escribanos rechazó las subas tarifarias municipales por considerarlas inconstitucionales”. La posición fue presentada ante el intendente Martín Llaryora y el viceintendente, Daniel Passerini, ante quienes reclamaron la derogación del artículo 85 de la ordenanza Tarifaria Anual 2020. En el texto, firmado por el presidente de la entidad Horacio Ortiz Pellegrini, se señala que este rechazo se fundamenta principalmente en razones jurídicas por considerarse inconstitucional dicho artículo”.
Así lo dictaminó el abogado Adán Ferrer al establecer que además de inaplicable es inconstitucional y ‘disfraza’ como tasa un impuesto”, indicó el comunicado. Para la entidad, con esta tasa se penaliza a los ciudadanos que realizarán transferencias inmobiliarias durante este año, perjudicando a la actividad inmobiliaria y a la industria de la construcción, impactando negativamente en su competitividad.
