La decisión implica una prórroga de un año para la emergencia pública en materia: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La medida fue comunicada tras la publicación del Decreto 1042/2020, incluido en el Boletín Oficial de ayer.
Esto implica la delegación de facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo Nacional, y lo compromete a reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad. Además, la Ley N° 27.541 insta al gobierno a impulsar la reactivación productiva, crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal” y fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales”.
También deberá procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de vulnerabilidad social, e impulsar la recuperación de los salarios en los sectores más vulnerados, así como generar mecanismos que faciliten las negociaciones en acuerdos que involucren el pago de sueldos.
