El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció finalmente ayer la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada por la Legislatura provincial, que generó protestas y violentos incidentes de organizaciones ambientalistas, aunque anticipó que convocará a un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo” en este tema.
Si bien informó que dará de baja a la norma, a través de su cuenta en la red social Twitter el mandatario afirmó que abrirá “un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, planteó Arcioni con la intensión clara de pujar por la iniciativa, con un tratamiento más amplio. Así, anunció su decisión de “derogar la ley” e “impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo”.
El miércoles pasado, la Legislatura provincial aprobó la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut en un marco de protestas signadas por enfrentamientos y una dura represión oficial que derivaron en múltiples incidentes, además de cuestionamientos tanto del ámbito político como sindical e incluso de representantes de la iglesia católica de la región, que llamaron a detener la violencia y revisar la norma. Sin embargo, el jueves, el gobernador promulgó la norma que promovía la “diversificación productiva” en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.
La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado “Proyecto Navidad”, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaría una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.
Sin embargo, la resistencia ciudadana abrió un conflicto inesperado, que incluso llegó a la justicia: el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, anunció ayer mismo la creación de un equipo especial para “investigar todo lo relacionado con los incidentes que se produjeron tras la aprobación de la ley de zonificación minera, para identificar a los vándalos que produjeron los destrozos y también si hubo compra de voluntades” para lograr la sanción de la norma.
