Apenas unas horas después de lanzar las primeras medidas del plan de ajuste, el gobierno de Javier Milei presentó ayer un duro protocolo “antipiquetes” para evitar cortes en calles y rutas en todo el país, con la intervención de las cuatro fuerzas federales.
“La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple”, planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar el protocolo contra las protestas en una conferencia de prensa donde anticipó que “si se toman las calles va a haber consecuencias: vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”. Además, anunció la derogación del “protocolo garantista” de la ex ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré y el impulso de “una nueva ley” para la materia.
El “protocolo para el mantenimiento del orden público” incluye la identificación de quienes corten las calles, la creación de un registro de las organizaciones sociales, la aplicación de leyes que contemplen penas de prisión por interrumpir el tránsito y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a los propios protagonistas de las protestas. “Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich y enfatizó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” según con “los códigos procesales vigentes”.
“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, precisó y aseguró que “las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. Vale recordar que dicho artículo establece que “quien (…) impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
“El propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente (Javier Milei), ‘el que las hace, las paga´”, insistió Bullrich, quien aseveró que no se tomará en cuenta la liberación de vías alternativas durante los cortes como atenuante. “Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación”, precisó e indicó que “en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños”.
“Los costos de los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsable”, ya que “el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos”, completó la ministra, sin dar precisiones sobre los procedimientos.
Fuerte rechazo de la izquierda
Tras los anuncios de la ministra Patricia Bullrich, el Polo Obrero, con Eduardo Belliboni, brindó una conferencia de prensa en la que repudió el “protocolo antipiquetes”, al que calificaron de inconstitucional. “La ministra Patricia Bullrich no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante lo que dijo que va a hacer”, expresó Belliboni. “Bullrich no pasó por el Congreso y por tanto está atropellando la legislación vigente.
La ministra se colocó en la ilegalidad, violando la constitución nacional”, agregó el legislador porteño Gabriel Solano, del Partido Obrero, quien citó al abogado constitucionalista Alejandro Gil Domínguez para argumentar que “cualquier modificación del orden legal requiere pasar por el Congreso”.
Precisamente, Gil Domínguez recordó que “existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica”; a la vez que destacó que “la limitación del derecho a la protesta pacífica deber ser razonable y proporcional: en ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio”.
