El presidente Javier Milei anunció la semana pasada dos iniciativas de fuerte tono electoral, que a pesar de su semblante técnico prometen convertirse en estrellas de su campaña por la reelección en 2027. Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (que acaso reemplazará a su ya olvidada promesa de la campaña 2023 de cerrar definitivamente a la entidad) y el flamante mecanismo de “shutdown” (cierre) del Estado argentino para cuando se hayan agotado los fondos previstos en el Presupuesto.
Ambas iniciativas se encuentran en proceso de elaboración y se debatirán en el segundo semestre del año en el Congreso, cuya cámara alta tendrá el jueves su última función del semestre, con la postergada ley de inviolabilidad de la propiedad privada como ítem central. Ambas, también, abrevan en el que los hermanos Milei consideran su mayor logro de gestión y acaso usen como principal argumento de campaña para diferenciarse de sus virtuales contrincantes por el sillón de Rivadavia. Hablamos del superávit fiscal, que el propio Milei presenta como su herramienta principal para el control de la inflación y base programática del cambio de modelo económico que está llevando a cabo en el país –cuyos resultados positivos siguen sin verse en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, de ahí los problemas que tienen para salir a defenderlo en 2027-. Ambas, finalmente, son avaladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y constituyen una fuerte señal al mercado de capitales y a los fondos de inversión sobre la decisión del Gobierno de mantener el rumbo económico, de cara a otro año electoral donde los riesgos de inestabilidad cambiaria siempre están latentes.
Los dos proyectos, que se presentarán dentro de un paquete de leyes “antidéficit” que incluirá la imposición de penas para quienes emitan en la Argentina, están siendo elaborados por el propio Milei junto a sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Economía, Luis Caputo, y el propio titular del BCRA, Santiago Bausili. La idea principal es blindar el superávit fiscal con fuerza de ley, tanto modificando la norma que regula al BCRA como introduciendo condenas penales o el mecanismo de “shutdown” adaptado de la legislación norteamericana.
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Los anuncios del mandatario
«La primera cosa a reformar es quitarle la actual función al Banco Central, que le asigna cinco objetivos por los cuales puede emitir por cualquier cosa. El mandato es preservar el valor de la moneda, un único mandato», anticipó el viernes el propio Milei, quien marcó como segundo punto «la prohibición total y absoluta de financiar al fisco», al remarcar que «toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal». «La nueva carta orgánica (del BCRA) termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación», planteó Milei en una entrevista radial, donde se mostró desafiante con la oposición al reclamar: «Que le expliquen (los senadores y diputados) a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que ha traído 90 años de decadencia a la Argentina”.
Respecto al mecanismo de «shutdown», que se inspira en la legislación norteamericana –donde se produce el cierre parcial o total de la administración federal cuando el Congreso y el Presidente no logran acordar el Presupuesto -; Milei aseveró buscará impedir que el Estado continúe ejecutando gastos cuando los recursos presupuestarios resulten insuficientes. “Lo que estoy haciendo es mandar una reforma que cambie la decadencia argentina desde las instituciones. Esto requiere una regla fiscal, el ‘shutdown: usted hace un Presupuesto, nosotros por ley (lo hacemos) con déficit cero. Cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado. Si usted se agotó todas las partidas, se queda sin plata, no puede operar más, hasta que tenga una ampliación”, explicó Milei en la citada entrevista, donde anticipó las críticas al aseverar que quienes se opongan «están a favor de presupuestos desequilibrados», de la «irresponsabilidad fiscal» y «el abuso de la política contra los argentinos de bien».
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Un “shutdown” a la argentina
Habría que precisar que el “shutdown” argentino sería un mecanismo muy diferente a su homónimo norteamericano. En el país del norte, el “cierre del Estado” se activa cuando el Congreso no llega a un consenso con el primer mandatario para aprobar el Presupuesto antes del inicio del siguiente año fiscal. La consecuencia es que se restringen actividades y servicios de las agencias federales y se dan licencias sin goce de sueldo a los trabajadores: el objetivo no tiene nada que ver con el superávit, sino con forzar un consenso político sobre el presupuesto –basta recordar que Estados Unidos vive hace más de 20 años con déficit fiscal-.
Aquí, en cambio, la idea sería que el Estado se cierre cuando se agoten los recursos públicos previstos en la ley de leyes. “Nuestro objetivo es que aquí el instrumento sirva para impedir a toda costa que haya déficit, que es el gran problema de Argentina”, agregó una fuente oficial en La Nación, donde enfatizó que “se busca mantener el superávit fiscal con mecanismos legales: Milei trae esto a la mesa para evitar que en el futuro venga alguien y diga ‘emitimos’”. La iniciativa incluiría una modificación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que habilita al jefe de Estado a prorrogar el presupuesto anterior por otro período más –como hizo el propio Milei en 2024 y 2025-.
Las fuentes indicaron, empero, que prevén incluir en el texto que tanto las jubilaciones como los programas sociales, los pagos de deuda y los gastos en seguridad y defensa sean declarados como “esenciales” para evitar que se vean afectados por el cierre de la administración pública. Otras versiones indican que Milei analiza agregar un proceso previo al “shutdown” que permitiría darle la oportunidad al Congreso para definir qué partidas se pueden bajar antes de activar el cierre. “Hay que ver la letra chica; ya hubo reuniones y se está conversando”, anticiparon los informantes del matutino porteño.
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Críticas de opositores y especialistas
“El ‘shutdown americano’ no es posible en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho argentino debido a las obligaciones internacionales contraídas al ratificar tratados sobre derechos que además tienen jerarquía constitucional respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, salió a aclarar el sábado el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien explicó que “además nuestro modelo impone obligaciones constitucionales y convencionales respecto de grupos histórica y estructuralmente vulnerados en sus derechos. Nuestro sistema constitucional es distinto al norteamericano”.
Fue la primera de una serie de críticas a la iniciativa oficial que se apresuraron a dejar en claro que el oficialismo tendrá mucho trabajo por delante para aprobar el mecanismo de “shutdown” en el Congreso en la segunda mitad del año. “Es otro nuevo de intento de reforma constitucional sin cumplir con el procedimiento previsto por la Constitución que además va a perjudicar a los más vulnerables en materias vinculadas directamente con la dignidad humana”, advirtió Gil Domínguez.
“Es una idea ridícula, que Estados Unidos quiere eliminar porque no sirvió. No alcanza para evitar el déficit y encima, cuando se dispara el shutdown, genera costos, porque después hay que reabrir lo que cerraste”, agregó el diputado Itaí Hagman (Unión por la Patria), mientras que Miguel Pichetto (Encuentro Federal) consideró que una medida semejante dejaría a Argentina sin seguridad, salud y educación y el jefe de Estado pagaría los costos. “Son ideas disparatadas copiando a Estados Unidos, donde funciona un federalismo en serio”, sentenció quien fuera vicepresidente de Mauricio Macri, aunque ahora vuelve a estar cerca de Cristina Kirchner.
«Por el lado del gasto, (el proyecto) no tiene sentido porque el Gobierno tienen todas las herramientas al alcance de la mano para hacer la contención del gasto, sin apelar a un shutdown al estilo estadounidense”, argumentó por fin el presidente de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), Guido Rangugni, quien precisó: “En EE.UU., el shutdown se usa cuando el Congreso no aprueba el Presupuesto. Como reflexión general, se puede decir que en la Argentina rige un mecanismo de prórroga del Presupuesto que tiene la siguiente lógica: en caso de que no haya un acuerdo a nivel legislativo entre las distintas fuerzas, el Poder Ejecutivo tiene que continuar haciendo lo que venía realizando; o sea, rige el Presupuesto del año anterior al cierre, con sus más y sus menos”.
“El mecanismo del shutdown estadounidense es para el caso de que no haya ley. Entonces, hasta que no se conozca el proyecto que anunció el Presidente (Milei), no parece aplicable. El shutdown es otra cosa: no aplica a cuando no te alcanza el Presupuesto”, agregó Rangugni, quien puntualizó por ejemplo que “en 2026, el nivel de gasto público va a ser mayor al previsto en el Presupuesto”. “Si no hay Presupuesto, Argentina no es como el caso estadounidense, porque en Estados Unidos hay una serie de gastos y servicios que no están en el presupuesto y se siguen prestando. Acá está todo en el Presupuesto. Además, hay otras implicancias: si se quisiera mandar a los empleados públicos de licencia, habría que modificar leyes laborales”, completó el especialista.
