La Red Ciudadana Nuestra Córdoba, junto a numerosas organizaciones de nuestra ciudad, presentaron el viernes una nota al nuevo intendente, Martín Llaryora, comunicándole su voluntad de colaborar en el desarrollo del “Plan de Metas 2020/2023” de su flamante gestión.
Las organizaciones informaron al intendente sobre el proceso de trabajo conjunto que se viene gestando desde el encuentro “Seamos Partícipes: fortaleciendo redes para participar del próximo Plan de Metas de la Ciudad”, realizado el pasado 20 de noviembre con la presencia de cerca de 150 personas en representación de más de 40 organizaciones de toda la ciudad.
“Los resultados de dicha jornada servirán de insumo para avanzar, en futuros encuentros, en la definición de propuestas de metas para el futuro plan. Las organizaciones invitaron a los equipos municipales a sumarse a estos encuentros, a realizarse en el mes de febrero, organizados en los ejes Equidad e Inclusión, Democracia Local y Desarrollo Institucional, y Desarrollo Urbano Sustentable”, informaron desde la Red Ciudadana, que también cuestionó duramente al intendente saliente, Ramón Mestre, por no realizar la audiencia pública correspondiente al informe final de su gestión sobre el Plan de Metas.
El objetivo del trabajo conjunto de todas las organizaciones es, en efecto, “iniciar un proceso de colaboración entre el Estado y la sociedad civil para enfrentar los desafíos de nuestra ciudad en los próximos años”, completó la Red Ciudadana. El Plan de Metas obliga al intendente de Córdoba a establecer objetivos y compromisos al inicio de su gestión, para luego informar sobre su cumplimiento.
La red y el Foro Ambiental Córdoba cuestionaron por ello a la gestión saliente por evitar la audiencia pública correspondiente al informe final de su gestión, aunque desde el municipio aseguraron que la instancia no es obligatoria. Las organizaciones denunciaron que el informe debía ingresar al Concejo Deliberante al menos 15 días corridos antes de la fecha de expiración del mandato.
“El Ejecutivo presentó el informe final el último día posible, el 25 de noviembre, a pocos días de la finalización de las sesiones ordinarias del período legislativo 2019 y, de este modo, dejó sin margen al Concejo Deliberante saliente para hacer un análisis detenido del informe (…) y mucho menos de convocar a una audiencia pública”, fustigaron las organizaciones, que reclamaron al nuevo Concejo y a Daniel Passerini que “se arbitren los medios necesarios para la realización de la audiencia pública”.
