Los diputados nacionales Eduardo Fernández y Fernanda Vallejos (Frente de Todos) se hicieron eco de la situación de millones de inquilinos de todo el país y presentaron un proyecto de ley que propone prorrogar hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia del decreto que establece la suspensión de los desalojos en el marco de la pandemia del coronavirus, así como también la prórroga de los contratos y el congelamiento de las tarifas de alquiler.
El decreto 320/2020 establece, en efecto, una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país, suspendiendo las órdenes de desalojo y prorrogando de manera automática los contratos de alquiler vigentes al 20 de marzo pasado hasta el 30 de septiembre del corriente año.
La cercanía de la fecha de vencimiento generó que agrupaciones de Defensa de Inquilinos a lo largo de todo el territorio nacional solicitaran una extensión del DNU ante la delicada situación que atraviesan millones de familias, puesto que el congelamiento de los alquileres perderá vigencia a fin de mes.
Según las organizaciones de inquilinos, al menos un millón de familias corren el riesgo de quedarse en la calle a fin de mes
La Federación Nacional de Inquilinos señaló, por ejemplo, que hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas o la imposibilidad de reunir el dinero para renovar sus contratos. A estas familias queremos brindarles la tranquilidad de que van a poder seguir teniendo un techo mientras la economía se recupera de esta terrible pandemia mundial”, argumentó el diputado cordobés Eduardo Fernández, al tiempo que subrayó que la prórroga incluye los alquileres de espacios culturales, de profesionales para el ejercicio de su actividad y de pymes.
Desde nuestra ciudad, Diego Solano, de la Unión de Inquilinos Córdoba, señaló que sabemos que el gobierno nacional está trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento, pero necesitamos que lo comunique oficialmente para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos”. Los niveles de incertidumbre y angustia son enormes. No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle”, enfatizó.
La situación resulta acuciante según denunció la organización, que explicó en un comunicado que cientos de miles de familias no podrán reunir el dinero para mudarse o directamente no pueden pagar un nuevo alquiler mientras el mercado inmobiliario fija aumentos desmedidos”.
