A través de un comunicado, las organizaciones de todo el país, convocan a los inquilinos e inquilinas a una jornada de protesta para pedir la extensión del decreto 320/20 que impide los desalojos, congela los precios y extiende los contratos. Además, piden que se terminen los abusos y se cumpla la Ley de Alquileres.
La movilización está prevista para el próximo jueves, seis días antes que venza la vigencia del decreto. «No se dio tiempo para una búsqueda tranquila, y se nos deja expuestos a subas de precios indiscriminadas. Eso, sin contar que nadie puede pagar los precios actuales, y menos podrá hacerlo con aumentazos y el pago de deudas», señalaron las organizaciones que nuclean a los inquilinos del país.
«Le pedimos al ministro Jorge Ferraresi que recapacite», manifestaron por medio de un comunicado conjunto.
«No se puede dar término al decreto con sólo 30 días de antelación, y esperar que las personas en ese breve lapso se muden, acuerden un nuevo precio y el pago de las deudas, para continuar en esas viviendas. De esta manera, se está dejando a merced del mercado a muchas familias que no tienen a donde ir ni capacidad de pago», aseguraron.
Por estas razones, es que los inquilinos e inquilinas están convocando a una jornada nacional de protesta. Las actividades y puntos de convocatoria serán informados por cada organización de cada provincia. «Les pedimos a todos que luchen por su derecho, hay que hacerse oír», promueven en la nota.
«Estamos ante la segunda oleada de Covid, y hay mensajes contradictorios: por un lado, se está pidiendo a las familias que se muden, y por otro, que nos cuidemos. El 40% de los inquilinos tiene deudas de alquiler, es decir que unas 3.8 millones de personas podrían necesitar mudarse y circular. Es un peligro para la salud pública», aseguraron.
Por otro lado, reclaman al ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, «que las familias que están endeudadas y no pueden pagar el alquiler hoy en día, menos van a poder dejar esa vivienda y buscar otra más cara, y afrontar los gastos que implica una mudanza. Por eso pedimos una política de desendeudamiento previa a la salida del decreto».
«Pero también, el poco tiempo con que se anunció la medida, expuso a los trabajadores y trabajadoras a precios exorbitantes para poder quedarse en una casa, sin contemplar el golpe en los ingresos que se está sufriendo en materia de combustibles, alimentos, ropa, y el resto de los ítems de la vida cotidiana».
«Sin decreto», afirmaron las organizaciones de inquilinos, «las mismas inmobiliarias que impusieron subas de precios totalmente desproporcionadas y que hacen lobby para derogar la Ley de Alquileres, van a meter presión para desalojar aquellos que no puedan pagar (ya está sucediendo), o para cobrar las deudas a través del embargo de garantes. Todas consecuencias que no suman en este contexto».
La pandemia ha profundizado aún más el déficit habitacional en nuestro país. El gobierno debe afrontar esta situación y priorizar el derecho a la vivienda de las familias inquilinas por sobre la especulación y la rentabilidad desmedida del sector inmobiliario”, concluye el comunicado.
