El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa un escenario de incertidumbre institucional tras la eliminación de más de 900 servicios técnicos y controles de calidad, en el marco de un proceso de ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 42/2026 y afecta funciones centrales del organismo vinculadas a certificaciones oficiales, seguridad de materiales y análisis en alimentos y agua. Entre los servicios alcanzados se encuentran los ensayos microbiológicos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, además de controles sobre potabilidad, efluentes y materiales eléctricos.
El impacto también se extiende a sectores estratégicos como energía, minería, petróleo, gas e industrias manufactureras, incluyendo actividades relacionadas con plásticos, envases, electrónica y construcción.
En paralelo, se profundiza el conflicto por la reducción de personal. Delegados sindicales advierten que el recorte podría implicar más de 1.500 despidos sobre una planta total de 2.300 trabajadores a nivel nacional. En Córdoba, donde el instituto cuenta con alrededor de 70 empleados, estiman que una parte significativa de los puestos está en riesgo.
El centro cordobés, uno de los más antiguos y con mayor actividad del país, mantiene un rol clave en la asistencia técnica a la industria regional. La posible reducción de capacidades genera preocupación por el impacto en el sistema productivo y en la continuidad de servicios especializados.
Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, argumentó que la medida responde a una baja en la demanda de prestaciones y a la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, trabajadores y especialistas advierten que la eliminación de estos servicios podría afectar controles de calidad y seguridad presentes en actividades cotidianas, como la verificación de combustibles, balanzas comerciales, materiales eléctricos o insumos industriales. También plantean interrogantes sobre qué organismos o actores asumirán esas funciones.
El conflicto actual se suma a una serie de cambios recientes, como la pérdida de funciones en áreas de medición y control y la reducción progresiva de personal por renuncias, retiros voluntarios y contratos no renovados.
Como parte de las medidas de rechazo, trabajadores del organismo realizaron este jueves una movilización frente a la sede de avenida Vélez Sársfield, en el marco del estado de alerta y movilización vigente en todo el país.
