En el marco del debate sobre el alcance de las políticas de género en Argentina, especialistas advierten que durante el actual gobierno se produjo un retroceso en la implementación de programas estatales destinados a garantizar derechos de mujeres y diversidades.
Según análisis académicos, el proceso no se da a través de la derogación de leyes, sino mediante el desfinanciamiento y la eliminación de estructuras institucionales que sostenían esas políticas.
La mirada fue planteada por la investigadora Agostina Copetti, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad, quien analiza el fenómeno desde una perspectiva que combina sociología jurídica y ciencia política.
De acuerdo con su investigación, los avances en materia de igualdad de género en Argentina se consolidaron principalmente durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Sin embargo, con la llegada al poder del presidente Javier Milei, se instaló una visión diferente respecto al rol del Estado en estas políticas.
Uno de los símbolos de ese cambio fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una decisión que para distintos sectores marcó un giro en la orientación estatal hacia estas temáticas.
La violencia de género, una problemática persistente
En paralelo a este debate sobre las políticas públicas, los datos recientes reflejan la magnitud de la violencia de género en el país. Según el Informe Anual de Femicidios, Lesbicidios y Trans-travesticidios elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de la organización La Casa del Encuentro, durante 2025 se registraron 262 víctimas fatales por violencia de género.
Del total de casos, 238 correspondieron a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que también se contabilizó un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
El informe indica que, en promedio, se produjo una víctima fatal cada 33 horas en el país. Además, las estadísticas revelan el fuerte impacto social de estos crímenes: durante 2025, 260 hijos quedaron sin madre como consecuencia de estos hechos.
La presidenta de la organización, Ada Beatriz Rico, remarcó que la elaboración de estos informes implica mucho más que un registro estadístico. “Detrás de cada mujer asesinada hay una historia de vida truncada, sueños que no se concretaron y familias atravesadas por la pérdida”, señaló.
Los datos también evidencian que la violencia suele ocurrir en entornos cercanos. Más del 58% de los femicidios se cometieron dentro de viviendas y el 83,5% de las víctimas tenía algún tipo de vínculo con el agresor. En más de la mitad de los casos, se trataba de parejas o exparejas.
Desmantelamiento sin derogación de leyes
Según Copetti, el proceso actual no implica necesariamente la eliminación de derechos desde el punto de vista legal, sino una estrategia de debilitamiento de las políticas públicas que los garantizan.
La investigadora sostiene que, aunque las leyes vinculadas a derechos sexuales y reproductivos o igualdad de género continúan vigentes, su aplicación depende de políticas concretas y de recursos estatales. “El mecanismo utilizado es el vaciamiento de programas y la reducción del presupuesto destinado a estas áreas”, explicó.
Entre las medidas señaladas se mencionan la disolución de organismos vinculados a género, el recorte de financiamiento para observatorios y programas especializados, la cancelación del plan de prevención del embarazo adolescente (ENIA), la eliminación del DNI sin género y dificultades en la provisión de insumos para salud sexual y reproductiva.
Un cambio de discurso político
El análisis también advierte que estas decisiones se inscriben dentro de una narrativa política más amplia. Según Copetti, determinados sectores impulsan una agenda que busca cuestionar al feminismo y reorganizar jerarquías de género mediante discursos asociados a conceptos como “familia”, “vida”, “libertad” o “modernización”.
Para la investigadora, la idea de “ideología de género” ha funcionado como un punto de encuentro entre corrientes neoconservadoras y sectores de la derecha política, especialmente después de los debates parlamentarios sobre la legalización del aborto en 2018 y 2020.
En ese contexto, explica que esas corrientes lograron mayor articulación política y presencia en el debate público.
Impacto económico y laboral
El estudio también señala que algunas reformas económicas pueden tener consecuencias diferenciadas según el género. Copetti sostiene que la flexibilización laboral tiende a afectar con mayor intensidad a las mujeres, debido a su mayor presencia en empleos precarizados y a la persistente desigual distribución de las tareas de cuidado.
En ese sentido, advierte que la reducción del rol del Estado en políticas sociales puede profundizar desigualdades existentes, especialmente cuando el sistema económico no reconoce ni remunera adecuadamente el trabajo de cuidado.
Desafíos para el movimiento feminista
Frente a este escenario, la investigadora considera que el movimiento feminista atraviesa una etapa de reconfiguración y replanteo de estrategias.
Entre los desafíos menciona la necesidad de reconstruir alianzas sociales y políticas más amplias, así como volver a vincular la agenda de género con los reclamos por derechos sociales, laborales y económicos.
Según Copetti, la autonomía económica, el acceso al empleo con derechos y el reconocimiento de las políticas de cuidado forman parte de las condiciones materiales necesarias para alcanzar una igualdad real.
En ese sentido, sostiene que el debate actual también invita a recuperar el sentido histórico del Día Internacional de la Mujer, cuyo origen estuvo ligado a las luchas por mejores condiciones de trabajo y de vida.
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