La muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años oriundo de barrio Bajo Pueyrredón, abrió una investigación judicial sobre el accionar policial en Córdoba tras haber permanecido detenido en la Comisaría Sexta de barrio General Paz. El caso presenta versiones contrapuestas entre la institución y la familia.
Según informó la Policía, el joven habría intentado quitarse la vida dentro de la celda mediante ahorcamiento con un buzo. En esa línea, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, descartó otras hipótesis y remarcó que se aportaron pruebas a la causa. También indicó que las celdas no cuentan con cámaras de seguridad.
Por otra parte, la familia de Orihuela rechaza la versión oficial y denuncia violencia institucional. De acuerdo a su relato, el joven había recuperado la libertad días antes tras cumplir una condena y fue detenido en dos oportunidades en un lapso de 48 horas por causas que la familia afirma estaban ya resueltas.
Investigan cómo un joven terminó en coma tras ser detenido en una comisaría
En paralelo, vecinos de barrio Bajo Pueyrredón realizaron el domingo un corte en la ruta 19 para exigir el esclarecimiento del caso. Durante la protesta, se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos policiales, que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales y por periodistas presentes en el lugar.
En la última detención, en la comisaría de barrio General Paz, el joven fue trasladado al Hospital Córdoba el sábado alrededor de las 23 en un móvil policial. Posteriormente, fue derivado al Hospital Eva Perón, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento el lunes por la tarde.
La voz de la familia
En declaraciones al programa Otra Vuelta de Tuerca de SRT Media, Mariana Orihuela, hermana del joven, cuestionó la versión oficial y sostuvo que su hermano «entró caminando y salió en estado crítico».
Según su testimonio, el joven había sido detenido en reiteradas oportunidades en los días previos, pese a haber regularizado su situación judicial. Además, mencionó la existencia de un audio atribuido a una agente policial, que forma parte de los elementos señalados en la denuncia pública y que se encuentra bajo análisis.
En el marco de la investigación, la Justicia analiza registros de cámaras de seguridad y el contenido de los teléfonos celulares de cinco efectivos policiales, quienes se encuentran bajo investigación.
Organizaciones advierten sobre patrones en detenciones
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Sergio Díaz, miembro del Frente Antirrepresivo en Lucha (F.A.L.), planteó que este tipo de hechos no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de dinámicas que se repiten en intervenciones policiales. En ese sentido, señaló que existe una tendencia a poner el foco en los antecedentes de las personas detenidas, mientras —según indicó— no se examinan con la misma profundidad los antecedentes del accionar de las fuerzas de seguridad.
Díaz también advirtió sobre situaciones que, de acuerdo a su mirada, afectan particularmente a jóvenes de sectores populares, quienes —aun después de cumplir condenas— continúan expuestos a controles y detenciones reiteradas.
Un escenario bajo observación internacional
El caso se inscribe en un contexto que ya había sido advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una audiencia realizada en julio de 2025, el organismo señaló el uso abusivo de la prisión preventiva y las condiciones de hacinamiento en los centros de detención de Córdoba.
Organizaciones de derechos humanos también han señalado antecedentes en la Comisaría Sexta, donde estuvo detenido Orihuela, en relación a procedimientos cuestionados. Entre los casos mencionados se encuentra el de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en 2012 tras reiteradas detenciones en esa dependencia.
En este marco, los distintos actores coinciden en un único punto: la necesidad de esclarecer lo ocurrido. Las posiciones sobre las responsabilidades, las condiciones de detención y el rol del Estado ante personas bajo custodia permanecen, por ahora, enfrentadas.
La investigación está a cargo de la fiscal Silvana Fernández, quien analiza las pruebas reunidas para determinar lo ocurrido durante la detención.
Tomás Orihuela era el menor de nueve hermanos
