Más de la mitad de los reclamos telefónicos que recibe la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) desde las cárceles federales tienen que ver con dos derechos básicos: el acceso a la salud y el acceso a la justicia. El dato surge de un informe elaborado por esa dependencia del Ministerio Público Fiscal sobre los 399 llamados recibidos durante 2025, que contenían 574 demandas concretas y derivaron en 588 gestiones directas.

El número interpela al Estado en su rol de garante: cuando más de la mitad de las demandas de la población carcelaria se centran en derechos cuya garantía depende de la administración pública, el encierro trasciende la privación de la libertad para convertirse, según advierten organismos de derechos humanos, en una barrera adicional contra la dignidad de las personas.

Los números del informe

Entre las 588 gestiones realizadas por la PROCUVIN, bajo la conducción del fiscal general Alberto Gentili, se cuentan 301 informes ante dependencias judiciales, 191 pedidos de intervención al Servicio Penitenciario Federal (SPF), 23 denuncias penales y 3 informes a organismos de control policial.

El perfil de quienes llaman es mayoritariamente masculino (93%), seguido por un 4% de mujeres y un 2% de personas travesti-trans. El 95% de las comunicaciones provino de establecimientos del SPF, con los complejos de Ezeiza (CPF I), Marcos Paz (CPF II) y Senillosa (CPF V) como los de mayor conflictividad.

Los rubros que lideran los reclamos son el acceso a la salud (149 casos) y el acceso a la justicia (146 casos). El informe señala una contradicción que merece atención: la mayoría de los reclamos médicos provienen de Ezeiza y Marcos Paz, complejos que cuentan con infraestructura hospitalaria propia, lo que sugiere una falla en la gestión sanitaria intramuros antes que una carencia edilicia.

En cuanto a la violencia, se registraron 83 reclamos. El 28% denunció maltrato directo del personal penitenciario. El 30% restante se vincula a formas extremas de protesta —huelgas de hambre o incendios— lo que indica que esas acciones suelen ser el último recurso visible ante el sistema. El aislamiento solitario concentró el 24% de esos reclamos. A su vez, el 43% de los pedidos de comunicación judicial tenían como fin exclusivo denunciar las condiciones de encierro.

El caso Orihuela y una efeméride que, lamentablemente, se renueva cada año

La conmemoración nacional del 8 de mayo surgió de la Ley N° 26.811, sancionada en 2012, que promueve políticas de seguridad respetuosas de los derechos fundamentales. Un año después, la Resolución PGN N° 455/13 creó la PROCUVIN para investigar y visibilizar los delitos cometidos por agentes del Estado. En Córdoba, esa fecha no puede desvincularse del caso de Tomás Orihuela.

Último adiós a Tomás Orihuela: entre la tensión y el pedido de justicia

Orihuela tenía 19 años cuando falleció en abril del 2026 después de pasar por la Comisaría Sexta de barrio General Paz. Había cumplido cuatro meses en la cárcel de Bouwer por una causa menor y, a pocas horas de recuperar su libertad, fue detenido en un operativo en Bajo Pueyrredón. Liberado durante la madrugada, fue arrestado nuevamente en su domicilio al día siguiente, oportunidad en la que la policía le retuvo el certificado de libertad.

Esa misma noche, cerca de las 21:15, su madre se acercó a la comisaría para llevarle ropa de abrigo. El oficial de guardia le dijo que «su hijo estaba durmiendo» y que no quería molestarlo. Cerca de la 1:00, un móvil policial avisó a la familia que el joven había sufrido «un pequeño accidente» y había sido trasladado al hospital. Un testigo observó que Tomás fue llevado en la caja de un patrullero, mientras dos policías intentaban reanimarlo. Llegó al Hospital Córdoba en estado crítico y fue derivado al Hospital Eva Perón por falta de insumos. Murió dos días después.

La versión oficial, sostenida por el entonces ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, atribuyó el hecho a un intento de suicidio: el joven habría intentado ahorcarse con su buzo en una celda sin cámaras. La familia y organizaciones como el Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL) rechazaron esa hipótesis desde el inicio. Las lesiones que presentaba Tomás al ingresar al hospital —edema cerebral, pulmón colapsado y complicaciones renales— generaron dudas sobre la compatibilidad con un ahorcamiento, señaladas también por la defensa técnica, que cuestionó además que la marca en el cuello fuera compatible con el grosor del buzo mencionado por la policía.

En el marco de la investigación se incorporaron audios comprometedores: en uno de ellos, una efectiva identificada como Romero se refería a Orihuela de manera despectiva y mencionaba que lo iba a «cazar» porque nadie lo reclamaría. Existían además audios previos del propio Tomás expresando miedo al hostigamiento policial. La causa quedó a cargo de la fiscalía, con la intervención de los fiscales Silvana Fernández y Andrés Godoy en distintas etapas del proceso.

El caso no es un hecho aislado. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado el uso abusivo de la prisión preventiva y la aplicación de sujeciones mecánicas y químicas como práctica institucionalizada en la provincia de Córdoba, que en varios casos derivó en muertes bajo custodia.

El contexto regional según Amnistía Internacional

El informe anual de Amnistía Internacional 2026 advierte sobre un retroceso global en materia de derechos humanos, con gobiernos que promueven retóricas punitivistas y desfinancian los mecanismos de protección social. En Argentina, el informe señala como ejemplo la eliminación de 13 programas de prevención y respuesta a la violencia de género, una tendencia que, según la organización, erosiona las garantías del Estado de derecho y agrava la situación de los grupos más vulnerables.

Los desafíos pendientes

Las estadísticas de la PROCUVIN y casos como el de Tomás Orihuela marcan una agenda concreta para la fecha: garantizar asistencia letrada adecuada y comunicación confidencial entre detenidos y sus defensas, y fortalecer los organismos de control independientes con recursos reales para investigar a agentes estatales.

El respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad sigue siendo, para los organismos especializados, uno de los indicadores más concretos del funcionamiento del sistema democrático.