El ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, presentó ayer en la Legislatura de Córdoba el proyecto de Presupuesto 2020 que prevé una recaudación total de 334.174 millones de pesos, un 49,3% mayor que la de este año pero que, en términos reales (descontando la inflación), contempla menos recursos disponibles para el Estado provincial, mientras que la pauta salarial para el personal de la administración pública estipula un 54% de aumento respecto de 2019, lo que representan 151.346 millones de pesos.
El funcionario schiarettista realizó la exposición de las pautas presupuestarias provinciales en medio de lo que describió como un escenario de “incertidumbre” al que se enfrentan por la crisis que atraviesa la Argentina que, según los datos oficiales disponibles al mes de septiembre pasado, la Provincia terminaría con un delicado equilibrio fiscal, sin ahorro corriente contemplando la administración pública, las agencias del Estado, la Caja de Jubilaciones, y los intereses de los pagos de la deuda. En el resultado consolidado de este año no se contabilizan los resultados financieros de las empresas del Estado.
“Acumulamos un año y medio de crisis y no es algo pasajero, ya que ha generado muchos problemas en el tejido social y productivo, y también con mucha incidencia en las finanzas públicas y a eso le agregamos una enorme incertidumbre con respecto al futuro porque tampoco tenemos muy claro cuál va a ser la estrategia del próximo gobierno a nivel nacional”, explicó Giordano.
Por tal motivo, el gobierno provincial prevé para el año venidero una política de fuerte ahorro en el gasto, menos inversión en la obra pública, y modificaciones en los tributos a través de los que recauda. La mayor incidencia en la recaudación provincial estará dada por los Ingresos Brutos, que avanzarán hacia un proceso de simplificación orientada a las medianas y grandes empresas que comenzaría a regir a partir de los primeros meses del año que viene.
El tributo se unificará con los organismos de recaudación nacional, provincial y municipal a través de un Registro Único Tributario que permitirá liquidarlo junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) eliminando la declaración voluntaria del contribuyente del valor a pagar, que pasará a ser determinado por el Estado, producto de la unificación de datos tributarios. Para implementar este proceso, el titular de la cartera de Economía propuso la modificación de la Ley Impositiva para reducir de 80 a 20 alícuotas hoy vigentes que varían en un rango de entre el 0% y el 7%, provocando que los contribuyentes se ubiquen en un lugar más conveniente para pagar menos e imposibilitando la unificación con el impuesto nacional.
En relación a los impuestos patrimoniales, la base del cálculo apunta a que el impuesto tenga una base imponible con una alícuota determinada en función del valor de la propiedad moderando la distorsión producida en las valuaciones por las devaluaciones que se produjeron en el país. En el caso del impuesto Inmobiliario Rural se morigeró el cálculo teniendo en cuenta los precios mayoristas y manteniendo las tres segmentaciones donde se ubican los pequeños, medianos y grandes contribuyentes.
Respecto del Inmobiliario Urbano, sucede lo mismo con su valuación fiscal atada al precio del dólar y por eso se tomó como referencia para el cálculo de los montos impositivos los precios al consumidor, combinado con el crecimiento de los salarios determinando un aumento promedio del 40% para los inmuebles de menor valuación, manteniendo las exenciones existentes para los sectores vulnerables y los adultos mayores, que representan el 10% del total. Las alícuotas del Inmobiliario Urbano están divididos en cinco categorías.
La primera son casas que tienen un valor de 90.000 dólares que tendrán una alícuota del 0,3%, representando al 70% del total hasta la máxima categoría de viviendas que tienen una cotización superior al millón de dólares que abonarán una alícuota del 0,9%. Para el caso de los inmuebles valuados entre 90.000 y 320.000 dólares –representan el 30% del total- el incremento será de una media del 44%, con un tope de hasta 1.500 pesos por mes respecto de este año. Para el resto de las propiedades, el incremento rondará entre un 58% y un 93%.
“La deuda es un componente menor”
El proceso inflacionario junto a las devaluaciones del peso tuvieron un alto impacto en el pago de los costos operativos del Estado y en el pago de los intereses de la deuda contraída en dólares desde 2018, donde Giordano aseguró que este costo “sigue siendo un componente menor dentro de la estructura de la administración de recursos que tiene la Provincia, ya que los intereses de la deuda siguen siendo, aún en un escenario tan desfavorable como el actual, un 2,5% de los ingresos”.
En los próximos cuatro años, la Provincia debe afrontar el pago de 2975.1 millones de dólares que, al tipo de cambio actual, representan más de 180.000 millones de pesos.
En 2020, la gestión de Juan Schiaretti deberá pagar 435,5 millones; para 2021, el año más complicado para el pago de la deuda Córdoba debe saldar 1.151 millones; en 2022 334 millones; y en 2023, 329 millones. Para el año que viene, el presupuesto prevé autorizaciones para nuevos empréstitos por un monto total de unos U$S 310 millones más. Durante 2019, el 78% de la recaudación provincial correspondió a erogaciones de personal (51%) y a la Caja de Jubilaciones de Córdoba (27%), que absorben recursos del Tesoro provincial para compensar el rojo producido entre el déficit y los aportes del gobierno nacional.
