El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) condenó ayer viernes 2 de diciembre por delitos de lesa humanidad a 19 represores, entre ellos ex jefes y subalternos de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, a penas que van desde cadena perpetua hasta los cinco años de prisión, en un juicio en el que se unificaron 16 expedientes por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el Ingenio Ledesma y la mina «El Aguilar».
El veredicto de este proceso oral y público llegó tras cuatro años de audiencias, en las que declararon al menos 200 testigos, quienes dieron cuenta de los homicidios, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos y torturas que se perpetraron en Jujuy en tiempos del terrorismo de Estado.
En el prolongado debate que tuvo esta causa se juzgó también por primera vez en la historia judicial de la provincia casos de abuso de sexual que se cometieron en el contexto del plan sistemático de aniquilación y violación de los derechos humanos que aplicó la última dictadura.
La lectura de la sentencia inició poco después de las 18, mientras una gran cantidad de integrantes de organismos de Derechos Humanos y colectivos sociales seguía la resolución del debate a las afueras del recinto judicial en pleno centro de la capital jujeña al grito de “asesinos” y cánticos contra los represores.
La pena de cadena perpetua fue impuesta a los imputados Juan Carlos Jones Tamayo (exjefe de la Central de Inteligencia conocida como “Área 323”); José Américo Lescano (excomisario de la Policía de Jujuy); Juan Carlos Lucero (ex alcalde y jefe la Sección Seguridad Interna del Penal de Villa Gorriti) y Ceferino Narváez (exjefe de Guardia de Seguridad Externa del Penal de Villa Gorriti).
En tanto el resto de los acusados entre ellos exefectivos del Ejercito, Gendarmería, la policía y servicio penitenciario jujeño, recibieron penas de entre 5 años y 25 años de prisión, y solo uno de los acusados fue absuelto por el beneficio de la duda.
Este proceso fue considerado como una «megacausa porque contempló la unificación de 16 expedientes y ventiló los vejámenes en perjuicio de trabajadores desaparecidos en el Ingenio Ledesma, Mina El Aguilar y otras sobre detenciones ilegales y desapariciones ocurridas durante el terrorismo de Estado iniciado 1976 en la provincia.
