Los que somos defensores de las asociaciones civiles y mutuales en el deporte federado amateur, el deporte social de centros vecinales y formativo en escuelas y colegios, tenemos en claro que es una red virtuosa, basada en el trabajo voluntario de familiares, amigos y vecinos, aunque también sabemos que no siempre es así cuando existen activos intangibles –como los mejores jugadores de fútbol- que pueden ser transferidos en operaciones donde intervienen socios capitalistas, representantes legales de los jugadores, comisionistas y dirigentes corruptos. Por ello la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas no es una discusión de principios, como se plantea, sino de puro y duro dinero.
Muchos jugadores han sido transferidos a sus destinos europeos a precios viles, en complejas y oscuras transferencias a clubes intermediarios –locales o extranjeros- a precios muy bajos, para recalar finalmente en clubes extranjeros –la mayoría sociedades anónimas- a precios muy superiores a los pagaron a sus clubes de origen. En las operaciones de transferencia de jugadores de fútbol profesional existen tres derechos que deben contemplarse. Los derechos de formación, los derechos federativos y los derechos económicos. Los derechos de formación han sido reconocidos hace pocos años por la FIFA y se han convertido en un derecho ejercido por los clubes amateurs en las transferencias a profesionales, siempre que los padres de los jugadores menores –que ejercen su patria potestad- o sus representantes legales no impongan su voluntad para excluir al club en el que se formaron.
Los derechos federativos se inician con el primer contrato profesional que se registra en la AFA, los que deben ser transferidos si otro club profesional quiere contar con sus servicios, por lo que el primer club puede reclamar una parte de la transferencia y/o las sucesivas. Los derechos económicos, son aquellos que se crean en contratos comerciales o de deuda en el que un club que carece de los recursos suficientes para solventar sus gastos corrientes, el primer contrato o la adquisición de los derechos federativos, transfiere a quien los aporta parte de lo que recaude con una futura transferencia. Ha sido común que esos préstamos sean financiados en términos personales o con un grupo de inversores, por los propios dirigentes del club que tiene o adquiere los derechos federativos, por lo que existen sospechas fundadas de los socios respecto de la distribución de los ingresos entre el club y los inversores, producidos por su transferencia internacional.
De allí el elevado interés de algunos por dirigir asociaciones civiles que compiten profesionalmente, en las que se pueden obtener importantes beneficios personales.
En algunos clubes como Boca Junior durante la presidencia de Mauricio Macri (1995-2008), el club constituyó una Sociedad Anónima a la que el club transfirió los derechos económicos de las transferencias, que le permitió apropiarse de más de 100 millones de dólares, y dejar el club con un pasivo de 90 millones de dólares, a pesar de las enormes recaudaciones, importantes premios por los títulos obtenidos y la comercialización de derechos y merchandising, que también se había tercerizado en la misma sociedad anónima con participación de un grupo mediático concentrado nacional.
En Córdoba son conocidas judicialmente las gestiones del ex presidente de Instituto por la transferencia de Paulo Dybala al Palermo de Italia, previa trasferencia de derechos económicos a un grupo empresario.
También en Talleres sucesivas gestiones fueron procesadas judicialmente por administración fraudulenta, y son conocidas las objeciones a la actual conducción que es y opera con el Grupo Pachuca de México. Mientras, han sido diversas las gestiones privadas de Belgrano, que volvió a sus socios, y Racing, que sobrevivió por la gestión judicial luego de una quiebra.
El mayor problema es cómo valuar el activo intangible que posee la entidad, tal como ocurre con todos los activos intangibles de alto valor –por ejemplo, obras de arte-, que así se convierten en campo propicio para grandes ganancias y lavado de dinero de procedencia dudosa –corrupción, evasión, narcotráfico, etc.
En otros deportes profesionales, como el básquet o el voleibol, no existen tales derechos federativos, que están en poder de los jugadores, por lo que pueden cambiar anualmente de club a partir de cierta edad.
La introducción de las SAD en los clubes profesionales no es, entonces, una cuestión de principios, sino simplemente de dinero. La pregunta que surge es: ¿es mejor o peor de lo que existe? La respuesta no es unívoca, depende de los detalles en los que “el diablo mete la cola”. Lo que existe necesariamente debe ser mejorado, con transparencia exigida estatutariamente, o por una ley que determine exigencias de información a los socios, regulaciones efectivas para evitar intereses contrarios a la entidad de dirigentes-inversores, difusión previa de decisiones por montos importantes o duración prolongada, etc. Su introducción en la conducción de las actividades deportivas profesionalizadas también puede consolidar una gestión oscura o ser lo suficientemente transparente. Depende de los derechos y obligaciones que se establezcan, de los mecanismos de control de las SAD por parte de las asociaciones civiles, y de evitar la gestión unificada de intereses contrarios, que debiera excluir a los dirigentes de la asociación civil de las SAD; además de una rigurosa rendición de cuentas anual a los socios, que en asamblea puedan revocar el contrato con la SAD.
En cuanto a la participación de las SAD en torneos profesionales argentinos, la situación se ha hecho más compleja con la incorporación del juego en línea, del que los más jóvenes son frecuentemente víctimas como jugadores compulsivos, que patrocinan los principales clubes, torneos y las propias selecciones nacionales. En tal sentido, los antecedentes internacionales de corrupción deportiva son suficiente muestra de las posibilidades de corrupción de las entidades sociales controladas por administraciones poco transparentes, mucho más cuando se cruzan intereses deportivos de clubes controlados por los mismos grupos empresarios.