Bajo la consigna oficial «devolverles su niñez» sacándolos de las pantallas, la medida de restricción de menores a las redes sociales que tuvo en cuenta el antecedente de Australia, fue presentada a mediados de junio por el gobierno británico, y busca establecer un antes y un después frente al impacto digital en las nuevas generaciones.
Entre las plataformas se encuentran las poderosas TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X (ex Twitter) y YouTube. Las empresas que no den cumplimiento efectivo se enfrentarían a multas multimillonarias.
Antes que todo, se realizó una consulta pública masiva cuyo resultado fue que el 90% de los padres británicos apoyó la prohibición total considerando que los riesgos de las redes superan por completo a sus beneficios.
El anuncio abrió un fuerte debate técnico y político en el país debido a las exigencias de verificación de identidad y edad que requerirá para todos los usuarios, y aunque se produjo un cambio de administración en el Ejecutivo, desde el mismo insisten en que la agenda de implementación sigue firme para 2027.
Los argumentos británicos
Principalmente, en ese país europeo se considera que están ante un fracaso de las tecnológicas por una crisis de salud mental. El gobierno indicó que las grandes empresas tecnológicas han tenido múltiples oportunidades para autorregularse y proteger a los menores, pero fracasaron. Las autoridades británicas vinculan el uso desmedido de algoritmos de recomendación y la exposición a contenidos virales con un aumento drástico en los problemas de ansiedad, infelicidad y depresión infantil.
También resolvieron que se debe realizar un bloqueo de funciones «adictivas» y peligrosas. A diferencia de otras leyes, el enfoque británico apunta a las herramientas de retención y diseño psicológico de las aplicaciones. La ley busca erradicar del público menor de 16 años características críticas como el scroll infinito, la reproducción automática, los mensajes efímeros y las transmisiones en vivo.
En tercer lugar, pero para nada menor que los anteriores, es la de realizar una protección contra el contacto de extraños y herramientas de inteligencia artificial. La regulación prohíbe expresamente que los menores puedan interactuar con desconocidos tanto en redes como en plataformas de videojuegos en línea. Además, restringe severamente el acceso a herramientas emergentes, como los chatbots de inteligencia artificial que simulan relaciones románticas o afectivas. Éstos últimos quedarán limitados exclusivamente para mayores de 18 años.
El antecedente australiano
La normativa de Australia entró en vigor de forma estricta el 10 de diciembre de 2025 y se trata de una legislación pionera a nivel mundial que busca proteger la salud mental y el bienestar de los jóvenes frente a algoritmos adictivos y contenidos nocivos.
En esta regulación los menores de 16 años tienen prohibido crear o mantener cuentas en las plataformas afectadas y los padres o tutores no pueden otorgar permiso para que eviten la restricción. Al activarse la ley, los perfiles existentes pertenecientes a este grupo etario fueron desactivados de manera masiva.
Se define a las plataformas restringidas por características técnicas específicas, como el uso de feeds infinitos, algoritmos de recomendación basados en cuentas o sistemas de «likes».
La ley no penaliza a los menores ni a sus padres por conseguir entrar a las aplicaciones. La responsabilidad legal recae enteramente sobre las empresas tecnológicas, las cuales deben demostrar que toman «medidas razonables» para impedir el acceso, con la aplicación de fuertes multas.
La Comisión de Seguridad Electrónica de Australia es el ente regulador encargado de auditar a las tecnológicas y no se impone un sistema tecnológico único, pero obliga a las empresas a utilizar métodos eficaces.
Los proyectos en el Congreso de la Nación
En nuestro país hay varios proyectos, de legisladores de todas las extracciones políticas, incluido el oficialismo. La preocupación en general no pasa por la censura de contenidos, sino por combatir problemáticas críticas como la ludopatía infantil potenciada por las apuestas online, el grooming, el ciberacoso y los mecanismos de diseño adictivo de las grandes plataformas tecnológicas.
Hay coincidencias en que no se puede dejar solas a las familias. El espíritu de los proyectos está orientado a obligar al Estado a regular y a las gigantes tecnológicas a garantizar entornos digitales seguros para las infancias.
Como ejemplo próximo, el diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge presentó el mes pasado un proyecto de ley en el Congreso para regular los entornos digitales y limitar los mecanismos adictivos de las redes sociales y videojuegos enfocados en niños y adolescentes. Concretamente propone establecer un «Régimen Legal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales».
Los proyectos están inspirados en regulaciones internacionales y apuntan a poner límites estrictos al ingreso de los chicos a las redes sociales. Se propone prohibir de forma generalizada que los menores de 16 años puedan abrir cuentas sin el consentimiento explícito y trazable de sus padres o tutores.
Para evitar que los menores falseen su fecha de nacimiento al registrarse, se busca exigir a las empresas prestadoras la implementación de sistemas de autenticación biométrica o verificación de edad robusta.
Y concretamente, como se pone la carga de la prueba en las empresas de tecnología, si un menor de edad accede de forma ilegal, la sanción recaería sobre la plataforma y no sobre la familia, imponiendo multas sobre porcentajes de facturación o la inhabilitación para operar en Argentina.
Tiene que haber debate
Las razones principales detrás de las fuertes regulaciones, vigente en Australia y la que el Reino Unido quiere poner en práctica, se fundamentan en situaciones que nosotros también padecemos en menor o mayor medida.
En este sentido, la Sociedad Argentina de Pediatría indicaba ya en el año 2024 que “las redes sociales también pueden presentar riesgos tales como la exposición a contenidos inapropiados o molestos, a imágenes o comentarios agresivos, violentos y/o sexuales, a compartir información personal con extraños que derive en problemas de ciberacoso en todas sus modalidades”.
En esa misma oportunidad, citaban informes internos de Meta donde se indicaba que “Instagram ejerce un impacto negativo sobre la salud mental de los adolescentes” y que “los usuarios más jóvenes expresan habitualmente que estos hábitos reflejan una de las principales causas del aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios y la percepción distorsionada de la imagen corporal”.
En Argentina existen otros organismos gubernamentales y no gubernamentales que también sostienen una posición crítica y de alerta frente al uso desregulado de las redes sociales por parte de los niños, niñas y adolescentes.
De una rápida consulta a los mismos, encontramos que hoy tenemos una combinación de acceso tecnológico casi universal y una falta de marcos regulatorios estrictos que ha consolidado problemáticas complejas, como la condición de epidemia de las ciberapuestas y la ludopatía digital, la vulneración de la privacidad, la violencia digital, el deterioro de la salud mental, la distorsión de la autoimagen, el impacto en el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar.
En nuestra sociedad están dadas las condiciones para realizar una amplia discusión. Solo resta saber si se dejarán de lado los fuertes intereses existentes y se habilita el imprescindible debate.
