Mientras el accionar de los policías continúa bajo la lupa en virtud de los casos de gatillo fácil de Blas Correas y Joaquín Paredes, que significó una renovación de nombres en las más altas esferas y que tuvo su punto más alto con la llegada de Rita Zárate Belletti a la Jefatura General, el Gobierno provincial anunció que presentará en la Legislatura un proyecto de reformulación del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que fue creado en 2003 en reemplazo de la División Asuntos Internos.
Una de las novedades del futuro Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, es que será presidido por un representante del Ministerio Público Fiscal. Es decir, un civil, algo inédito en la historia moderna cordobesa. Además, con la intención de acomodarse a los nuevos tiempos, también se destaca la armonización del actual régimen disciplinario incorporando nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional y sobre todo violencia de género y discriminación.
El nuevo cuerpo contará con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; la Legislatura y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fortaleciendo el control de organismos de la sociedad civil sobre las fuerzas, algo que se viene reclamando desde hace tiempo. Otro de los puntos a tener en cuenta es la eliminación del arresto y la exoneración para los policías, creándose la sanción de destitución” para los casos más graves.
Por otro lado, se prevé la creación de un organismo técnico profesional que tendrá a su cargo la investigación de las faltas graves y gravísimas” y se incorpora una defensoría disciplinaria para garantizar el debido proceso. En virtud de la búsqueda de mayor distancia a la hora de juzgar las inconductas policiales, se prevé que el procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad, más allá de que esté resuelta o no la causa penal.
De manera paralela también se busca fortalecer la publicidad y transparencia del régimen disciplinario a través de la obligación de los órganos de presentar informes de gestión. Finalmente, se dispone la creación del Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad con participación de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público Fiscal.
