El Tribunal Oral que debía juzgar a ocho personas por la concesión sin licitación previa del control del espacio radioeléctrico al grupo Thales Spectrum durante el menemismo sobreseyó a todos los procesados y resolvió no realizar el juicio. Se trató de una decisión del Tribunal Oral Federal número 2, que hizo lugar a un planteo de la defensa de uno de los acusados, el ex secretario de Comunicaciones en los 90, Germán Kammerath, al que adhirió la fiscalía.
En rigor, los jueces Jorge Gorini, Enrique Signori y Rodrigo Giménez Uriburu sobreseyeron a todos los acusados y no harán el juicio oral porque concluyeron que la postura de la fiscalía es vinculante”.
El Tribunal hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción” del ex funcionario
Los beneficiados con el fallo son Kammerath, Alejandro Cima, Marcos Álvarez, Gustavo Supera, Miguel Cappa, Pedro Castoldi, Roberto Castoldi y Carlos Castoldi. En 1998, el entonces presidente Carlos Menem otorgó por decreto la concesión del espectro radioeléctrico a Thales por un canon que se consideró irrisorio para el Estado argentino. El contrato con la filial argentina de la empresa francesa fue rescindido en el 2003 por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, tras un informe de la Auditoría General de la Nación que dio cuenta de un multimillonario perjuicio para el Estado.
La investigación estuvo abierta más de dos décadas, desde el 2001, en los tribunales federales de Retiro hasta que en 2015 llegó a juicio y ahora se resolvió sobreseer sin debate oral.
El Tribunal hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción” de la defensa de Kammerath, el también ex intendente de Córdoba, que planteó que el delito por el cual se envió el caso a juicio, peculado, no se cometió. No es posible establecer que en este caso haya existido sustracción en el sentido del peculado, siendo que la asignación de licencias resultaba un deber de su defendido como Secretario de Comunicaciones”, argumentó la defensa de Kammerath.
Además, añadió que las bandas han sido devueltas conforme lo habilita la concesión y podían jurídicamente ser revocadas en cualquier momento por el Estado ante el incumplimiento, por lo cual las licencias en modo alguno habían desaparecido del ámbito administrativo”. Al opinar sobre la cuestión, el fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba, coincidió en que el peculado”, en base al cual fue enviada la causa a juicio, no pudo cometerse.
