Como si no tuviera frentes que atender, el gobierno nacional reactivó en las últimas horas dos de los conflictos más largos que tiene su gestión: la disputa por la aplicación de la Ley de Emergencia de la Discapacidad y el frente con las universidades nacionales por el inédito atraso en su presupuesto de funcionamiento y en el salario de sus trabajadores.
Paritaria sin novedades
El Gobierno recibió este jueves a los gremios docentes y no docentes para una reunión paritaria donde se esperaba que realizara una nueva oferta de aumento salarial, teniendo en cuenta que los sueldos de los trabajadores docentes y no-docentes llevan más de 30 puntos de atraso respecto a la inflación y la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso a fines de 2025 y ratificada por la Corte Suprema en julio pasado, ordena saldar ese retraso.
La cumbre se llevó a cabo en el Palacio Pizzurno, con la presencia de todos los representantes sindicales. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Pettovello reiteró la misma propuesta que había presentado a inicios de mes: un aumento de apenas el 3% de los salarios, que fue rechazada por unanimidad por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y Unión de Docentes Argentinos (UDA), entre otros colectivos que reúnen a los sindicatos de todo el país.
Nuevas medidas de fuerza
Ante este escenario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales -que reúne a la mayoría de los gremios del sector- convocó a un paro nacional de 48 horas para los días viernes 18 y martes 22 de septiembre, a la vez que anunció la realización de una quinta marcha federal universitaria para el 15 de octubre y 23 días de protestas en todo el país para sostener el conflicto, que incluirá un cronograma de paros escalonados que aún no están definidos.
“El 3% que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la medida cautelar que lo obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario, sobre el cual deben calcularse tanto el retraso salarial (33,4%) como la deuda acumulada, equivalente a cuatro sueldos”, explicaron desde el Frente Sindical, mientras que el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que reúne a todos los rectores del país- se sumó a la convocatoria a la nueva marcha federal para el 15 de octubre.
“La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas – docencia, investigación y extensión- y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha”, agregaron el conjunto de gremios docentes y no-docentes.
“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la universidad”, aseveró el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, quien consideró que “no podemos normalizar que un Gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este Gobierno no respeta”.
Disputa en el Congreso
Paralelamente, el conflicto se traslada al Congreso de la Nación, donde los rectores de las universidades expusieron la situación del sector y reclamaron un presupuesto de 11 billones de pesos para el año próximo, frente a los 7,3 billones asignados en el proyecto oficial del Presupuesto 2027.
Desde el CIN advierten que el ajuste presupuestario ya alcanza el 45%, lo que deja a muchas universidades operando al límite, con dificultades para sostener actividades básicas. A esto se suma la paralización de fondos para becas de investigación, consideradas clave para el desarrollo académico y científico.
Finalmente, tanto el CIN como los gremios agrupaciones estudiantiles advierten que, de mantenerse este recorte en el “la ley de leyes”, el inicio del ciclo lectivo del próximo año corre serio peligro.
