El Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó el viernes pasado, por unanimidad, un proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal para modificar una ordenanza que databa del año 1985 y estipulaba las características que deben tener los lotes para poder ser escriturados en esta capital.
La iniciativa sancionada establece la creación de un régimen de excepciones para regularizar loteos sociales preexistentes al 31 de octubre de 2015, e implica el saneamiento de títulos de casi 12.000 familias de nuestra ciudad, que luego podrán acceder al trámite de la escritura.
En detalle, son 11.700 lotes: entre 9.100 que corresponden a terrenos provinciales y 2.600 municipales, estos últimos repartidos en 80 programas en 46 diferentes barrios. Agradezco a cada uno de los concejales por la apreciación personal que hicieron del proyecto y a las organizaciones sociales (…). Lo que se busca con este régimen es exceptuar de las condiciones históricas fijadas por el municipio a todos aquellos loteos irregularidades que no podían acceder a escrituras”, aseguró Pablo Ovejeros, del bloque Hacemos por Córdoba.
El régimen de excepción está destinado a distintos tipos de urbanizaciones, por ejemplo loteos con o sin planes de viviendas proyectadas, financiados o ejecutados parcialmente por el Estado, villas de emergencia con o sin planes de viviendas, en los casos donde los titulares dominiales sea el Estado. También en urbanizaciones desarrolladas sin fines de lucro que cuenten con la conformidad del titular registrado en el inmueble, cuya población demuestre situación de vulnerabilidad socio económica; loteos promovidos por organizaciones que tengan por objeto una solución habitacional para familias de escasos recursos.
Además, se estableció que todos los actos de procedimientos administrativos municipales serán gratuitos. Para poder ser incluido en este nuevo régimen, el titular deberá contar con un informe técnico de viabilidad de urbanización emitido por la Dirección de Planeamiento Urbano municipal. Es una normativa de excepción que tiene que ver con la decisión de esas familias a sostener el derecho a la vivienda, consagrado por normas provinciales y acciones como un derecho en sí. Hay centenares de familias que no tienen un un lugar donde vivir”, aseveró Laura Vilches, del bloque FIT.
