La razón se debe a la acuciante situación que viven millones de inquilinos, que han sido duramente afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia Covid-19, que está significando pérdida de fuentes laborales, disminución de ingresos y un creciente endeudamiento”, indicaron en un comunicado las distintas asociaciones, entre ellas la de Córdoba.
En este sentido, informaron que 1,5 millones de hogares argentinos tienen deudas. Asimismo, expresaron que el decreto ha sido beneficioso para millones de familias, pero que su cumplimentación fue parcial. Por esta razón, sostuvieron que su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma ha sido parcial.”
También recordaron que es urgente avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que comiencen a dar respuesta a los problemas de fondo de los inquilinos, producto de años de indefensión frente a la lógica especulativa del mercado”. Por último, expresaron que vienen solicitando sin éxito audiencia con el ministro Ferraresi, por lo que esperan tener una pronta respuesta ya que la situación de millones de personas se agrava día a día”.
