El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar a la apelación presentada por los vecinos de Candonga contra una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación. En su decisión, la Cámara había dejado sin efecto en el 2017 la medida cautelar que impedía el avance de obras de tendido eléctrico en el predio de Ticupil S.A. en Candonga, zona roja que por lo tanto implica protección natural.
Los habitantes de la zona también aseguran que con estas obras no sólo se daña la naciente del Río Chavascate, que es un espacio natural que requiere alta protección por ser parte de la zona roja, sino también la Capilla de Candonga, Monumento Histórico Nacional, ya que las obras están totalmente terminadas y las zanjas rodearon la Capilla a muy escasa distancia.
Las obras que la Cámara habilitó consistieron en la realización de un tendido eléctrico para un futuro country en el lugar, proyecto que a su vez fue aprobado por Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) aún conociendo que se trata de una zona que debía protegerse. Por este motivo, los vecinos sostienen que «resultan muy llamativas todas las acciones y omisiones de una gran cantidad de funcionarios públicos, que vienen permitiendo desde hace más de 10 años el avance de esta sistemática destrucción».
Al respecto los vecinos ponen en dudas por cuáles intereses se mueve la Cámara, ya que explican es la misma que «devolvió a la Fiscalía el expediente de nuestra denuncia a Costa, ex Secretario de Ambiente que firmó la ilegal Res. 1200/10, para que investigue sobre una posible connivencia entre los funcionarios al momento del dictado de dicha resolución».
Además, aseguran que en todo este tiempo de lucha no recibieron respuestas por parte del «Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, de la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos, del ERSeP y la Policía Ambiental» así como tampoco del «Gobernador Schiaretti».
Quien se pronunció sobre este fallo es el abogado Juan Smith, quien representa a los vecinos: «Es un fallo que nos parece muy importante ya que reclama la aplicación del orden público ambiental a la hora de las medidas cautelares». Asimismo, sostuvo que con esta resolución el TSJ determina que «no pueden quedar las zonas rojas ni un segundo sin protección cautelar».
