Los manifestantes marcharon desde la intersección de Colón y Cañada hasta el Patio Olmos, con fuertes reclamos por la absolución” de los 27 imputados por el delito de «usurpación por despojos», por la toma y destrucción de bienes de la institución académica entre el 29 de agosto y el 28 de setiembre de 2018.
También rechazaron la criminalización de las protestas, al sostener que defender la educación no es delito”, en tanto se dio lectura a miles de adhesiones a un petitorio para que no se avance en el juicio”.
El conflicto se había iniciado en el marco de reclamos salariales de los docentes universitarios de todo el país, y luego se sumó la toma del Pabellón Argentina con reclamos para la comunidad estudiantil, entre ellos el de garantizar el triple horario de cursado; esclarecimiento del uso del presupuesto universitario y la instauración del fondo estudiantil.
También habían exigido el retiro de todos los símbolos religiosos de los espacios universitarios, la apertura de un seminario optativo sobre Interrupción Legal del Embarazo y garantizar la partida presupuestaria para mantener el servicio de comedor.
Lo reclamos luego se plasmaron en un acta compromiso con las autoridades de la UNC, con lo cual finalizó la toma el 28 de setiembre de 2018.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián había solicitado la elevación a juicio de la causa, que fue confirmada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja.
Ahora se espera que se defina la fecha y el tribunal que tendrá a cargo el proceso de enjuiciamiento, en donde los acusados deberán responder por «usurpación por despojo», que contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión, de ejecución en suspenso.
De acuerdo con la instrucción de la causa, los estudiantes actuaron de manera excesiva y desproporcionada en relación al fin” que se perseguía, al enumerar los daños que habían ocasionado en el edificio durante la toma.
