La tendencia se revirtió: por primera vez en las últimas dos décadas, los avances para erradicar el trabajo infantil se estancaron y, tras el impacto de la pandemia causada por la Covid-19, actualmente registramos un aumento en el trabajo infantil. Hoy, en todo el mundo, más de 160 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan. Y casi la mitad realiza trabajos peligrosos que ponen directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral.
Este dato surge del nuevo informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, dado a conocer en vísperas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, que representa más que un llamado de atención. Es la constatación clara de que, en este campo, no avanzar equivale a retroceder. Es momento de pasar de los compromisos a la acción.
El Año Internacional por la Eliminación del Trabajo Infantil nos brinda una gran oportunidad para acelerar los progresos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, en línea con la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este contexto debe inspirar a los estados y a la comunidad toda a renovar y fortalecer sus esfuerzos.
En Argentina, lejos de bajar los brazos, contamos con los notables esfuerzos del Gobierno, junto a los representantes sindicales y empresarios del país, para consolidar los significativos avances para prevenir y erradicar este problema y evitar mayores retrocesos. Los logros del pasado no deben conformarnos. Hoy, el compromiso está en la acción y la acción es acelerar los progresos.
El trabajo decente debe ser parte esencial de esta agenda, fundamental para la recuperación de la crisis con una nueva y mejor normalidad. De hecho, los déficits en las condiciones laborales explican, en buena medida, uno de los factores centrales que empujan a niños a niñas para ingresar antes de tiempo al mercado laboral.
Los datos todavía son críticos: 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de Argentina realiza al menos una actividad productiva (EANNA 2016/17). De acuerdo con una medición reciente, uno de cada dos NNyA que trabajan comenzó a hacerlo durante la pandemia. Ese mismo estudio señala que un tercio carece de cobertura de los sistemas de protección social. Sabemos, además, que en las zonas rurales del país el trabajo infantil se incrementa y alcanza a 2 de cada 10 niños y niñas de entre 5 y 15 años y representa al 43,5 por ciento de los adolescentes de entre 16 y 17 años.
Para constituirse como un país líder en la lucha contra el trabajo infantil, Argentina necesita impulsar una respuesta integral, sostenible, articulada y con indicadores claros que permitan monitorear los avances. Una respuesta que aborde, en paralelo, la mejora de las condiciones en los mercados laborales, una mayor protección social de las y los niños y sus familias, un mejor acceso a la educación de calidad y, mediante campañas de sensibilización y difusión, disminuir la tolerancia social de la población y de quienes deciden sobre las políticas públicas, para desnaturalizar el trabajo infantil. El sector privado también tiene un importante papel a jugar.
Desde la OIT alentamos a los Estados, empresas, sindicatos y la sociedad civil a redoblar los esfuerzos en esta lucha mundial y facilitar compromisos de acciones específicas y conjuntas para revertir la situación e interrumpir el ciclo de pobreza y trabajo infantil. Que esta sea nuestra prioridad y nuestra meta de acción colectiva para el mejor futuro de este país.
Directora de la OIT Argentina.
