El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Domingo Sesin, instó a toda la comunidad judicial a intensificar los esfuerzos para combatir el flagelo de la delincuencia que agravia “la esencia misma de los derechos humanos y la sana convivencia”. Lo hizo durante la Conferencia de Apertura del Año Judicial 2023, que tuvo lugar este mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I.
El magistrado señaló que la sociedad reclama una “respuesta judicial firme” y “una eficaz protección y reparación a las víctimas”. “Que no quede ninguna duda, quien comete un delito será sancionado por la Justicia en el marco de la ley, la Constitución y los derechos humanos y deberá reparar el daño ocasionado. Pondremos especial énfasis en proteger al vecino”, aseguró.
“Tenemos que decir basta a los femicidios (…) los abusos sexuales, la discriminación, el maltrato a los niños y ancianos, el no respeto a la diversidad; basta a los robos callejeros, las estafas bancarias, los cibercrímenes, entre otros delitos”, sostuvo durante su conferencia.
En esta línea, Sesin consideró que una sociedad justa “requiere un intenso compromiso comunitario” y propuso extender la experiencia de los jurados populares para fortalecer la participación activa de la sociedad en la Justicia Penal. El magistrado planteó que los jurados podrían acompañar a la Justicia de Paz y a los Ayudantes Fiscales cuando aplican el Código de Convivencia Ciudadana. También sugirió la puesta en marcha de una Justicia barrial de menores causas para asuntos de vecindad, que también cuente con la participación de jurados populares vecinales.
Imparcialidad e independencia
En otro pasaje del discurso inaugural, Domingo Sesin subrayó que “imparcialidad e independencia” son los principios básicos que guían la actuación de la Justicia. “La independencia no se declama, se ejerce. Ni el Tribunal Superior ni ningún juez de este Poder Judicial reciben instrucciones del poder político provincial, nacional ni municipal”, aseguró.
En este marco, el magistrado pidió que las juezas y los jueces de Paz de Córdoba no duren sólo cinco años en sus funciones, sino que tengan “inamovilidad en sus cargos”, atento que “se eligen por concurso”, tal como lo solicitaron la Junta Federal de Cortes y el propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Por otro lado, el titular del alto cuerpo puntualizó que la actividad económica y laboral que impulsan el bienestar de la sociedad requiere seguridad jurídica. “La seguridad jurídica implica que la persona, los bienes y los derechos de los ciudadanos están protegidos frente a cualquier obrar arbitrario o injusto de los poderes públicos o de los particulares”, agregó.
