El sector inmobiliario de Córdoba, afectado por la Ley de Alquileres, firmó una nota dirigida a los Diputados de Córdoba, en el marco del tratamiento de la modificación de la normativa, previsto para la semana que viene. En la misiva, las cámaras empresariales y colegios profesionales solicitaron que se modifiquen los plazos mínimos de alquiler de propiedades y que los precios de los contratos se acuerden entre las partes, dos aspectos que modificó la ley actual.
“Para poder acercar tranquilidad y previsibilidad al 40% de la población de la provincia de Córdoba que al día de hoy reviste la calidad de inquilino y a los propietarios que tienen destinados sus inmuebles al mercado de alquileres, es vital y necesario, para la sociedad modificar la ley haciendo foco en sus dos artículos más controversiales”, sostiene la carta. Y detalla: “artículo tres, plazo mínimo de la locación de inmuebles como estaban anteriormente legislados, por dos años, tal cual lo establecía la normativa de la ley 23.091 de locaciones urbanas, en su artículo segundo”. Cabe mencionar que, en la actual normativa, el plazo mínimo de alquiler para viviendas es de tres años.
Por otra parte, las cámaras de profesionales y empresarios también solicitaron que se modifique el artículo 14 de la ley, que fija el mecanismo de actualización de los precios de los alquileres. Al respecto, solicitaron que los mismos se actualicen “por acuerdo de partes”, y no como se concreta actualmente, mediante el cálculo de un índice que contempla la inflación y la evolución salarial.
En otro párrafo, las instituciones enumeraron una serie de distorsiones del mercado producto de la implementación de la actual ley. Al respecto, destacaron las actualizaciones de alquileres superiores al 109%; una retracción de la oferta de alquileres de más del 38%; “un gran porcentaje de propietarios con contratos próximos a vencerse, afirman su intención de no querer renovar, ni volver alquilar su propiedad”; valores locativos de nuevos alquileres superiores a la inflación; distorsión de precios; situaciones contractuales atípicas de prorrogas; la dolarización del mercado, y el aumento de la ilegalidad e informalidad.
Los firmantes de la petición son la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba (Cacic), la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), la Cámara de la Construcción delegación Córdoba (Camarco), la Cámara de Comercio de Córdoba y el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba.
