El recurso jurídico va en contra del presidente, Alberto Fernández, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti y quedó radicado en el Juzgado Federal número 3, de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La abogada María Lucrecia Alvarado fue la encargada de presentar dicho amparo, el cual se concretó luego de que Vizzotti anunciara la aprobación del uso de la vacuna Sinopharm en menores.
La letrada señaló que Fernández “pactó la inmunidad legal y cláusula de confidencialidad” con los laboratorios proveedores de las vacunas para someter a los argentinos a un “experimento humano” en pos de “averiguar los efectos de diferentes sustancias que se inyectan”.
Los amparistas sostienen que estos “compuestos experimentales” son colocados en el organismo mediante “fraude” ya que se estaría engañando a la población indicando que son vacunas sin considerar los posibles efectos adversos.
Sostienen que el Estado actúa de manera “imprudente” y “manifiestamente dolosa” ya que “es absolutamente consciente y cómplice de tal sometimiento encubierto”.
Además afirman que con esta forma de proceder, no se proporciona el llamado ‘consentimiento informado’ estipulado para todo aquel que se somete voluntariamente a un tratamiento de tipo experimental.
