La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) incorporó esta semana a su operatoria de créditos a los ex presos políticos y sus derechohabientes, en el marco de la búsqueda de la justicia y de reparación para las víctimas de terrorismo de Estado iniciada «con avances y retrocesos» a partir de diciembre de 1983.
La medida se dispuso a través de la Resolución 59/2022 del organismo previsional publicada este viernes en el Boletín Oficial, para «aquellas personas víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino hasta el 10 de diciembre de 1983; incluyendo asimismo a sus derechohabientes», en los términos contemplados en la ley 26.913 de Reparación a Ex Presos Políticos de la República Argentina.
Entre las condiciones establecidas en el anexo de la norma, se especifica que el tomador del crédito deberá ser un beneficiario que perciba la pensión no contributiva establecida en la ley mencionada y ser menor a los 92 años antes de la finalización del plazo de amortización total.
Datos a tener en cuenta
- El valor residual máximo de los créditos por titular (capital adeudado) será de $85.000, y el plazo de amortización podrá ser de 24, 36 y 48 cuotas mensuales y consecutivas.
- Para quienes opten por las 24 cuotas, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 29% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (Cftea) de 36,04%.
- En el caso del plazo de 36 cuotas, la TNA también será del 29% y el Cftea de 37,03%, en tanto para 48 cuotas, 29% y 37,55%, respectivamente.
- Los gastos operativos sobre valor residual serán de 4,19 por mil, equivalentes a 0,419%.
En tanto, el cobro del préstamo se efectuará mediante el correspondiente descuento de las prestaciones, indicó la Anses en la resolución.
En los considerandos, se recordó que «a partir del retorno de la democracia en diciembre de 1983 en nuestro país se dio, con avances y retrocesos, un trabajoso camino de recuperación de la memoria y de búsqueda de la justicia y de reparación para las víctimas de terrorismo de Estado».
Asimismo, se destacó que «a partir del año 2003, Argentina inició una nueva etapa en materia de política pública de los derechos humanos, desarrollando diferentes acciones para la reconstrucción y búsqueda de memoria, verdad, justicia y reparación en tanto mandatos de la acción estatal en pos del fortalecimiento de la democracia».
En ese marco, la Anses resaltó que «una de las principales políticas impulsadas por los distintos gobiernos democráticos de los últimos 40 años lo constituyeron las políticas reparatorias de los daños producidos por el terrorismo de Estado».
«En ese sentido, el Estado Nacional conformó un sistema integral conformado por las leyes N° 24.043, 24.321, 24.411, 25.914, 26.564 y 26.913, sus complementarias y modificatorias, que han reconocido derechos a víctimas y familiares de víctimas por los hechos acontecidos», añadió.
Al respecto, especificó que «la Ley Nº 26.913 establece una pensión graciable para todas las personas que acrediten haber sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983».
Por otra parte, la Anses precisó que es el organismo que «tiene a su cargo el pago de las pensiones graciables de la Ley N° 26.913 del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina».
Por último, remarcó que los préstamos otorgados por la Anses «impulsan la economía y dan una mejora a dichos universos en razón del fin último del Estado Nacional que es el bien común, creando de esa forma las condiciones necesarias para mejorar el estándar de vida e impulsar el desarrollo».
