Gabriel Prunotto, secretario del fiscal José Mana, que investiga el asesinato de Blas Correas, señaló ayer que no se descarta imputar a más uniformados por el crimen en caso que surjan nuevas responsabilidades policiales”. En tal sentido, fuentes judiciales señalaron que no se tomaría una decisión similar en torno a la presunta responsabilidad de Juan Cruz, el conductor del Fiat Argos, que era tripulado por Blas y sus amigos.
Según trascendió, se imputaría a otros dos policías por lesiones leves”, ya que maltrataron psicológica y físicamente a los adolescentes que se conducían en el auto, cuando fueron interceptados en la avenida Chacabuco y calle Corrientes. Estamos tratando de identificarlos”, agregó Prunotto. En tanto, en otro elemento que deja al descubierto el accionar policial, se conocieron ayer más imágenes del video de las cámaras de seguridad del Inti, ubicado en la zona de Plaza de las Américas, en el que se observa a dos policías rastrillando la zona.
Desde la familia se señala que fue ese el momento en el que plantaron” el revólver calibre 22, que luego se demostró que no estaba operativo. Cabe destacar que la situación judicial del cabo Lucas Gómez (35 años) se complicó luego de que se confirmara que la bala que mató al joven salió de su arma. El cabo Gómez quedó más comprometido por el homicidio calificado agravado”, dijo Prunotto. Por el contrario, es muy posible que la situación procesal del otro cabo detenido, Javier Alarcón (31), se vea morigerada, ya que la carátula cambiaría a tentativa de homicidio calificado agravado.
La prueba de los hechos es contundente pero seguimos recabando información”, concluyó Prunotto. Además de Gómez y Alarcón, quienes tienen antecedentes penales sin resolver, también está detenida la agente Wanda Esquivel, acusada de plantar” el arma, mientras que hay otros dos policías imputados: Yamila Martínez, imputada de encubrimiento agravado y omisión de funcionario público; y el subcomisario Sergio González, por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, tres empleados administrativos de la Clínica Aconcagua fueron imputados por abandono de persona por el artículo 306 infine lo que implica una sospecha leve.
