La última reforma de la ley electoral determinó que intendentes, presidentes comunales, legisladores, concejales y los integrantes de los tribunales de cuentas no pueden ser relectos más de una vez, contando la gestión en curso al momento de la sanción de la norma en cuestión (la norma se sancionó en 2016) como el primer mandato, y la actual gestión como el segundo.
El peronismo busca perpetuarse en el poder en la provincia volviendo atrás la prohibición de la “re re” (ley 10.406), situación que es apoyada por algunos caciques locales (en su mayoría hombres) de la oposición: básicamente los que pertenecen al Ente de Intendentes Radicales; ya que el radicalismo es la fuerza opositora por excelencia en Córdoba, y que cuenta, además, con una estructura propia configurada por una red de locales partidarios distribuidos a lo largo y ancho de Córdoba.
Si bien -por la conformación actual de la Legislatura- el proyecto peronista cuenta con los votos requeridos para habilitar el nuevo mandato sin necesidad de buscar el apoyo de ninguna fuerza de la oposición, igualmente sondea el apoyo de referentes locales radicales (según el concepto de “divide y reinarás”), a fin de compartir con bloques opositores los cuantiosos costos que generará aprobar la re re.
¿Para perpetuarse en la gestión?
A través de la serie de acercamientos del Panal hacia diversos jefes de los gobiernos locales, se ha hecho transcender que el argumento creíble para instalar ante el contribuyente local la necesidad de reformar la 10.406 es su “reinterpretación” -por lo que surgen dudas sobre las características que podría adquirir dicha reinterpretación, en virtud del artículo 7 de la norma, que, más claro imposible, reza: “A los fines de la aplicación de la presente Ley, el actual mandato de legisladores, integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, concejales, intendentes, miembros del Tribunal de Cuentas de municipios, miembros de la Comisión Comunal y del Tribunal de Cuentas de las comunas será considerado como primer período”.
En los reclamos de los jefes locales constitucionalmente díscolos se percibe el frenesí de querer perpetuarse en el poder, y de querer ocupar cargos electivos a perpetuidad, cueste lo que cueste. Algo que nos ha valido muy caro a los cordobeses, al impedir la refrescante alternancia de proyectos políticos y el surgimiento de caras nuevas. Contrariamente, que haya dirigentes que se hayan declarado en contra de la modificación de la aludida norma debe ser visto como un gesto de madurez de ciertos sectores de la clase política, que debe ser valorado.
Los mandatarios locales que apoyan la reforma del código para habilitar su reelección por un período más deberían expresar claramente qué los motiva a querer “corregir” (según el eufemismo implementado por éstos) la ley electoral; porque, cualquiera sea el motivo, choca contra los principios republicanos y constitucionales de alternancia de poder, y contra la ética con que las mujeres y hombres de Estado deben fundamentar sus gestiones en el escenario púbico. (Entre nos, el pedido de la re re suena como un capricho infantil: “¡una vez más, mami, una vez más!”).
Con ello, lejos está de respetarse los deseos genuinos de la ciudadanía de Córdoba, que ve dichos gestos como fracasos, de los mandatarios en ejercicio, para desarrollar o formar dirigentes locales de recambio a quienes se les pueda pasar la posta para que continúen sus gestiones. Que valga aquí el ejemplo del doctor Sabattini que, en 1940, cuando le ofrecieron volver a candidatearse como gobernador, se negó enfáticamente, por considerar que un mandatario debe realizar sus proyectos en un solo ejercicio de gobierno, y que cuatro años son suficientes para ello. Le pasó entonces la posta al binomio Del Castillo-Illia, quienes revistieron las máximas magistraturas provinciales hasta el golpe militar del 43, cuando se presentó en Casa de Gobierno el interventor federal.
