La Cámara Federal anuló ayer los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y otros ex funcionarios de la gestión kirchnerista, mientras que también rechazó la falta de mérito dictada al empresario argentino Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht en la obra de soterramiento del tren Sarmiento.
La anulación de los procesamientos alcanza al ex ministro y también a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. En tanto, a Calcaterra como al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez se les anuló la falta de mérito.
Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia anularon los procesamientos dictados por el juez Marcelo Martinez de Giorgi en primera instancia al concluir que los mismos no tenían fundamentación y que no se cuenta con las declaraciones de los arrepentidos que tiene la Justicia de Brasil, donde se investiga el caso de corrupción conocido como Lava Jato.
Entre Argentina y Brasil se realizó un acuerdo para obtener la prueba consistente en la declaración de los arrepentidos, pero las pruebas nunca llegaron y no se sabe cuándo se consumará. “Hay cosas que (el juez) necesariamente tenía que analizar y no analizó”, aseguró la Cámara al revocar los procesamientos por negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas de los funcionarios.
Confirman a Lijo al frente de la causa del Correo
La Cámara Federal respaldó la actuación del juez Ariel Lijo para que continúe la investigación por la deuda del Correo Argentino en la que está imputado el presidente Mauricio Macri. El magistrado había rechazado planteos de nulidad presentados por la defensa del Correo, por lo que mantuvo abierta la causa en la que se investiga la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación con el Estado.
El Gobierno llegó a un acuerdo a mediados de 2016 para que el Grupo Macri pague $300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de ese año la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”. En esa ocasión, Boquín calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $70.000 millones de pérdida en el año 2033.
