A confesión de parte, relevo de pruebas. El protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza” que el gobierno provincial presentó ayer constituye un reconocimiento de los excesos que se vienen reiterando por parte de algunos uniformados. Tal vez, uno de los más comunes está relacionado con los maltratos y detenciones de personas en la vía pública por la denominada portación de rostro”. De todos modos, la finalidad principal de este renovado intento de democratizar la institución policial es ponerle un freno a los alarmantes casos de gatillo fácil”, como los que terminaron con la vida de los jóvenes Blas Correas y Joaquín Paredes.
De hecho, en el artículo 8 de la nueva normativa se hace especial hincapié en una serie de situaciones específicas en las que está prohibido el uso de la fuerza. Por ejemplo, se menciona que no se pueden efectuar disparos desde o hacia vehículos en movimiento”, salvo que se encuentre en riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial y/o la de terceras personas y no hubiere otra opción de abordaje de la situación”. Para reforzar esa regla, se insiste en remarcar que es ilegal concretar disparos cuando éstos impliquen un riesgo inminente para terceros”, como ocurrió en la madrugada del 6 de agosto pasado cuando Blas fue ultimado a balazos. Además, se impide utilizar las armas de fuego directamente o como herramienta de disuasión frente a la huida de un control vehicular, la fuga de una persona legalmente aprehendida o perseguida para aprehender o la falta de cumplimiento de una orden verbal”.
En otro tramo del manual, también se prohíbe apelar al hostigamiento”, entendido como formas de abuso cotidianas que integran las rutinas burocráticas de las fuerzas de seguridad tales como controles excesivos, malos tratos verbales, pedido de documentos, explicaciones de circulación y requisas fundados en criterios discriminatorios basado en razones de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas”.
