La Comisión de Justicia y Asuntos Penales retomará este miércoles a las 14 el debate del proyecto que modifica las penalidades en los delitos de sustracción y/o comercialización de menores de edad. La iniciativa ya obtuvo la media sanción del Senado la semana pasada por unanimidad.
Por divergencias en su articulado, la Cámara baja mocionó favorablemente su regreso a comisión y estaban citados para mañana juristas -entre ellos, el presidente de la Cámara Federal Penal, Mariano Borinsky– y especialistas en la temática para limar las diferencias y encauzar la iniciativa de la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe).
La proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a «quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad».
El cambio prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un «precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
A su vez, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de «5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
Su discusión en el hemiciclo senatorial fue empantanada por un intento del libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de introducir un texto con modificaciones propias y que no era el despacho que había conseguido el 27 de junio pasado.
A pesar de esto, la iniciativa fue aprobada en general por los senadores con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concreta en medio de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña.
