La denuncia que el gremio de los judiciales federales presentó ante el Consejo de la Magistratura contra el camarista Ignacio María Vélez Funes por presunto acoso laboral, amenazas y violencia de género podría convertirse en un martillazo capaz de romper «viejas costumbres autoritarias» que increíblemente han sobrevivido durante estos cuarenta años de la democracia recuperada, y también gracias a la vista gorda de muchos. Una víctima de este camarista que lo sufrió en 1986 durante una situación en el Colegio de Abogados escribió: «¡Por fin! Se sabe desde siempre. Y no es el único que lo hace. Pero ahora le llegó el turno».
Es verdad que son temas muy delicados, y aunque parezca increíble, en la estructura rígida de lo que muchos llaman «la Sagrada Familia», levantar la voz frente a un maltrato puede resultar muy dañino para quien se atreve a hacerlo. Suele ser mejor tragar saliva, llorar un poco, agachar la cabeza y poner la mejor cara, como si nada anormal sucediera. Este pedido del gremio es de una inmediata suspensión preventiva en el cargo y hasta tanto se confirme la remoción, y una urgente aplicación de la Ley de Protección de las Mujeres.
Ahora bien, si esta acusación fuera verdad y no hubiera segundas intenciones, entonces el actual desprestigiado Consejo de la Magistratura, presidido por un abollado y también autoritario presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tendría que resolver diligentemente esta cuestión; de lo contrario, los próximos días podrían convertirse en un suplicio para muchas trabajadoras en la torre del Parque Sarmiento. No hace falta decir que en la pirámide del Poder Judicial, los de arriba deben ser siempre ejemplo de respeto, templanza, equilibrio, humanidad y honestidad, más allá de la sabiduría y capacidad que puedan tener. En estos tiempos de creciente violencia social, mediática, urbana y familiar, se impone definitivamente enfrentar a la violencia laboral en todos los ámbitos, también en los privados en los que algunos dueños, jefes y capataces se comportan con desquicio y desprecio hacia los empleados. Por lo pronto, «el maltrato y la violencia laboral» se instalaron en la Justicia Federal de Córdoba, y no pocos comentarios aseguran, que el caso ventilado, no sería el único.
